El caso de los Testigos de Jehová de Santa Elena, acusados del delito de abuso sexual, finalmente tiene fecha de juicio: será en mayo de 2020.

La fecha era esperada por la Fiscalía y la abogada querellante, Valeria Burckhard, que representa a una de las dos jóvenes que en 2017 denunciaron a dos miembros de la congregación. La causa había sido elevada a juicio en febrero de este año.

Quienes deberán sentarse en el banquillo de los acusados son Matías Vargas (de alrededor de 42 años) y su cuñado Vito Panza (30 años). Al primero se le atribuyen los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, abuso sexual simple reiterados, agravado por ser cometido por ministro de culto, más corrupción de menores; en tanto, a su cuñado se le endilga abuso sexual gravemente ultrajante agravado y corrupción de menores.

Según consignó Entre Ríos Ahora, las audiencias de juicio serán el 6, 7 y 8 de mayo de 2020. Ante el Tribunal, se estima que desfilen alrededor de cinco testigos por audiencia. El miércoles 6, por la mañana, será la apertura del juicio y terminará el viernes 8, con los alegatos de clausura.

El Tribunal que juzgará a los imputados está conformado por los jueces María Carolina Castagno, Gustavo Pimentel y Elvio Osir Garzón. Este último dejó su despacho en el juzgado de Garantías N° 5 de Paraná y asumió como juez de juicio recientemente, en reemplazo de Cristina Lía Van Dembroucke, quien se jubiló. La magistrada era vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná con asiento en La Paz.

La investigación penal preparatoria estuvo a cargo del fiscal de La Paz, Facundo Barbosa, quien en su pedido de elevación de la causa a juicio adelantó que pedirá una pena de 18 años de prisión para Vargas y 15 para Panza.

En tanto, la abogada Burckhard, que representa a Belén, la joven que el 25 de abril de 2017 contó lo que sufrió a través de Facebook, solicitó 20 años de prisión para ambos imputados.

Vargas era Siervo Ministerial, que es un predicador, guía espiritual y colaborador directo de los Ancianos -nombre que reciben los líderes de la congregación-. Ese cargo o ‘privilegio’ –como se lo denomina en la congregación- se le retiró cuando fue denunciado. Por esa condición que supo ostentar, la pena es mayor a la de su cuñado, Panza. Este último actualmente vive en San Luis, y también fue expulsado de la congregación.

Los acusados son defendidos por el abogado Roberto Juan Ignacio Martínez Zabala y Roberto Alsina. Ambos solicitan el sobreseimiento de sus defendidos por cuanto consideran que los delitos estaban prescriptos por el paso del tiempo. Además, cuestionan la prueba presentada por el fiscal y la querellante y también la pena que solicitaron. En febrero, el juez de Garantías rechazó todos los planteos al elevar el caso a juicio.

El caso


La historia que llegó a los Tribunales alumbró, primero, en la red social Facebook. Fue el 25 de abril de 2017, cuando una joven –hoy de 22 años- escrachó con una publicación a Vargas y Panza, a quienes señaló como abusadores.

La publicación motivó la intervención de la Secretaría de la Mujer de la municipalidad de Santa Elena, que brindó contención a la joven y a su prima, que también dijo haber sufrido abusos. Ambas ratificaron sus dichos en el ámbito judicial, donde relataron que los hechos se dieron cuando tenían entre  8 y 11 años.

Vargas, el mayor de los acusados, demandó por calumnias e injurias a la primera joven denunciante, pero el caso no prosperó por la existencia de la causa penal. Así lo dispuso el 6 de junio de 2017 la jueza de Garantías y Transición de La Paz, Silvina Cufré de Millán.

Ante la repercusión pública que tomó la denuncia, los acusados fueron apartados de los Testigos de Jehová.

El 6 septiembre de 2017, la Asociación de Testigos de Jehová, con sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respondió a un oficio del fiscal Barbosa que ambos acusados no pertenecían a las filas de los Testigos de Jehová. El escrito fue firmado por Christian Hernán Stinson, apoderado legal de la Asociación a nivel nacional.

No obstante, se ampararon en la ley 25.362, de Protección de Datos Personales, que impone el deber de confidencialidad, para no brindar más información.

Esa versión fue rápidamente desmentida por otros integrantes de la congregación de la localidad del norte entrerriano que declararon como testigos en la investigación penal preparatoria. Además, la abogada querellante Valeria Burkhard aportó fotografías a la causa que muestran a ambos participando de las actividades religiosas en el Salón del Reino.

A partir de la denuncia de Belén, una joven de María Grande se animó a denunciar recientemente a un miembro de los Testigos de Jehová. Esta última causa está siendo investigada por el fiscal Leandro Dato, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual de Paraná.

 

Fuente: Entre Ríos Ahora.

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