Oscar Balla, exsecretario de Trabajo de Entre Ríos, debió renunciar en octubre de 2018 luego de que se descubriera que utilizó un vehículo de esa repartición para un viaje a la localidad mendocina de Maipú en el que participó como presidente de la Liga de Veteranos de Fútbol de Entre Ríos. El viaje lo realizó con la camioneta Toyota Hilux perteneciente a la repartición a su mando.

Un caso similar ocurrió con Sandro Jacinto Gazali, quien hasta marzo de este año fue subjefe de la Departamental La Paz de la Policía de Entre Ríos.  El 9 de febrero, el comisario fue interceptado en el puesto caminero del Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis, que une a Paraná con Santa Fe, cuando volvía con su hija menor de unas vacaciones en Mar del Plata en un vehículo oficial de la Jefatura Departamental, marca Chevrolet.

Además de las sanciones administrativas, tanto a Balla como a Gazali se les imputó el delito de peculado. Sin embargo, ambos casos han tenido, por ahora, una trámite diferente. En el caso del exfuncionario provincial –que fue reemplazado por Fernando Quinodoz-, su causa fue archivada a principios de septiembre por cuanto el Ministerio Público Fiscal entendió que “nuestra legislación penal, a diferencia de otros ordenamientos regionales, no tipifica el llamado ´peculado de uso´, es decir, no sanciona el empleo de bienes públicos con fines diversos a los administrativos, con lo que la mera utilización resulta impune, debido a que no puede considerarse que tales casos constituyan sustracción”.

En tanto, la causa penal del comisario Gazali sigue abierta, a la espera de una resolución de la Fiscalía de La Paz, que debe dictaminar si continúa adelante o la manda al archivo. En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1, el abogado Juan Ezequiel Marusich, defensor de Gazali, consideró que el expediente debe remitirse al archivo y su cliente ser sobreseído ya que el caso es similar al de Balla.

“Hay puntos de contacto entre ambos casos, son muy parecidos en cuanto al hecho que se imputa. No obstante, no hay resolución aun en la causa de Gazali, ya que está dentro de la etapa de investigación penal preparatoria. Para nosotros no tiene ningún fundamento para estar abierta”, dijo el letrado.

En ese sentido, explicó que la investigación penal preparatoria “es la etapa donde el fiscal recoge las pruebas que le van a servir en el juicio” y consideró que la causa de su defendido ya lleva varios meses abierta “siendo que toda la prueba es la constatación cuando le secuestraron el auto”.

Marusich explicó que en septiembre hubo una audiencia ante el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, a quien se le solicitó el sobreseimiento, pero el planteo fue rechazado. A pesar de ello, insiste que con la utilización del vehículo “no se afectó el normal funcionamiento de la actividad institucional de la policía”.

“Se pidió el sobreseimiento de Gazali por la tipicidad del hecho, que quiere decir que el delito de peculado no encuadraría con lo que estipula el Código Penal, por lo cual se debió haber archivado. El juez nos rechazó diciendo que existía el hecho, nosotros lo reconocimos, pero el fiscal tiene la posibilidad de corroborar, pedir elevación a juicio o archivar la causa”, señaló.

A su entender, el caso de Gazali “tiene más características para archivarse” que el de Balla ya que “el auto había sido entregado mediante oficio por el Juzgado Federal al jefe de Policía, al primero en la línea de mando de la Jefatura Departamental de Policía de La Paz” y que fue éste quien le dio a Gazali la documentación para conducir el vehículo.

“Cuando lo detienen a la vuelta con la hija, Gazali tenía la tarjeta verde, el seguro automotor, la copia del oficio que le había hecho el Juzgado Federal de Paraná; y acá le entregaron la documentación a Gazali para que viaje”, dijo Marusich y consideró que su defendido quedó envuelto en una interna policial. “Acá hay un trasfondo que trasciende el delito y no hay mucho más para agregar. A nuestro cliente lo juzgaron muy rápido los medios y lo han hecho pasar un mal momento condenándolo socialmente”, afirmó.

En ese sentido, el abogado resaltó que el exsubjefe de la Departamental de Policía de La Paz le dio uso al vehículo previa autorización de su superior, el Jefe Edgardo Corona. “Hay algo que está claro, el que toma las decisiones  sobre quien usa o no los autos es el jefe de Policía”, aseveró.

En esa dirección, el letrado refirió que luego del planteo de sobreseimiento que formuló ante el juzgado de Garantías de La Paz, su defendido fue incorporado a la fuerza, luego de un período en la que estuvo fuera de actividad. “Hay más trasfondo que causa judicial. Después del pedido que hicimos en la audiencia, mágicamente lo llamaron a Gazali y lo reincorporaron a la fuerza”, dijo y precisó que el exsubjefe ahora trabaja en la Policía de Paraná.

 

Fuente: Entre Ríos Ahora.

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