La Comisaría Nº 15 de Santa Elena, en el departamento La Paz, quedó en el centro de la escena provincial y nacional a fines de julio cuando se conoció la denuncia por supuestos apremios ilegales formulada por un adolescente.

La víctima relató que el sábado 27 de julio, por la noche, mientras acompañaba a su novia y el tío de esta a radicar una denuncia, fue detenido tras un cruce de palabras con un oficial de civil. Contó que lo redujeron en la vereda, lo ingresaron y lo golpearon en un “cuarto oscuro”. El caso comenzó a investigarlo el fiscal de La Paz, Santiago Alfieri, quien en una primera instancia ordenó –previo aval del juez de Garantías- la detención de ocho efectivos.

Los 8 uniformados están acusados de haber cometido los delitos de privación ilegítima de la libertad y vejaciones. Mientras esperan el avance del proceso, fueron apartados de la actividad policial.

Sin embargo, en los Tribunales de La Paz no es el único caso por presuntos apremios ilegales en la que están involucrados policías de Santa Elena. Una denuncia de 2015 avanza en la Fiscalía paceña y compromete a 7 efectivos, algunos de los cuales ya realizan tareas en la localidad de La Paz y en otros puntos del departamento homónimo. Los efectivos también están acusados por el presunto delito de privación ilegítima de la libertad y vejámenes.

El episodio investigado se remonta al 30 de agosto de 2015, fecha en la que RG, un hombre que entonces tenía 37 años, denunció que fue llevado a la comisaría y golpeado “por error”. Concretamente, contó que se lo trasladó a la dependencia acusado de haber golpeado a su mujer. Lo cierto es que el hombre, que sufre un retraso madurativo, era soltero.

Según la denuncia a la que tuvo acceso Entre Ríos Ahora, el 30 de agosto de 2015, alrededor de la 1 de la madrugada, R regresaba a su casa de comprar una gaseosa y fue detenido por un móvil policial en calle Tierra del Fuego, cortada Hernandarias, en el popular barrio Hipólito Yrigoyen.

La detención, según R, ocurrió por una confusión: “Qué me estás haciendo señas, no te hagas el vivo”, contó que le dijo un efectivo que iba en el vehículo. El móvil frenó y se bajaron cuatro uniformados.

R pudo identificar a algunos de ellos, y en su denuncia hizo una descripción física general: “Uno era alto, rubio, de piel blanca, gordo; otro más petiso, morocho de pelo y piel oscura, de contextura robusta de apellido Paniagua; el tercero era más petiso que los otros, morocho de pelo con unas canas blancas en el flequillo, de piel clara de apellido Villalba, a quien le dicen Chity; y el cuarto era bien robusto, petiso”.

Siempre según su denuncia, los policías lo increparon nuevamente y lo acusaron de haber ejercido violencia sobre su pareja. “¿Así que vos golpeas a tu mujer? Te vamos a golpear desde acá hasta la comisaría”, dice que le avisaron.

Luego de un forcejeo, R fue esposado, y subido a la caja de la camioneta, boca abajo. Indicó que uno de los efectivos, identificado con el apodo de Chity, se encargó de apretarle la cabeza contra el piso; y un segundo, de apellido Paniagua, se ocupó de darle rodillazos en las costillas.

Una vez en el edificio ubicado en avenida San Martín, R contó que varios policías se turnaron para golpearlo. “Me llevaron a un pasillo y me hicieron poner contra la pared. Estando con las manos esposadas, todos los funcionarios que estaban en la dependencia, que eran no solamente los primeros que nombro, sino muchos más –no pudiendo precisar cuántos, porque no podía ver- comenzaron a pegarme tanto con la cachiporra como con las manos, en la zona de la espalda, las costillas y las piernas. Sentía que estos tomaban carrera para pegarle”, dice R en su denuncia.

Su calvario terminó horas después. R afirmó que se desmayó tras la golpiza y que despertó acostado sobre una mesa. Allí, observó que no estaba solo en el calabozo, sino que había otro hombre. R le comentó a su compañero de celda que fue detenido y acusado de haber golpeado a su pareja, pero que no era así porque no tenía una relación con ninguna mujer. La respuesta del sujeto lo sorprendió: “Yo soy el que le pega a su mujer”.

Tras el violento incidente, R fue liberado. Un oficial se encargó del trámite de rigor, que incluyó la devolución de sus pertenencias. O algunas de ellas. Según R,  en su  billetera sólo le quedaron $32 de los $1.500 que llevaba.

El 31 de agosto, aún con las lesiones visibles, R se presentó en su lugar de trabajo, la fábrica Arre-Beef SA,  ubicada en Pérez Millán, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no pudo hacer su tarea de rutina, la que por su condición –retraso madurativo- podía realizar.

Sus empleadores lo mandaron a su casa, le dijeron que no podía trabajar en ese estado de salud. Antes, un médico de la firma constató las lesiones de R: observó golpes en las costillas y un desgarro en la pierna derecha, desde el muslo hacia abajo.

En un primer momento, R no pensó radicar la denuncia, y es que entre los efectivos involucrados se encontraban conocidos e incluso uno de ellos era su vecino, quien al día siguiente de la golpiza le rogó que no lo denuncie porque perdería su fuente laboral.

Finalmente el caso llegó a la justicia cuando su hermana, Graciela Troncozo, al enterarse de los hechos, lo instó a denunciar. La denuncia fue formulada en Paraná, y luego se derivó el caso a Maximiliano Hass, quien en 2015 era fiscal en La Paz. Además, también formularon una presentación en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia.

 

“Lo detienen confundiéndolo con otra persona”


En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1, Troncozo dijo que “a él lo detienen confundiéndolo con otra persona y recibe una hereje paliza en la comisaría. El lunes se presenta en su trabajo y las autoridades no lo dejan ingresar por el estado en el que estaba. Mi hermana y yo tratamos de trasladarlo a Rosario y de acá nos dirigimos a Paraná para hacer la denuncia, que se hace el 9 de septiembre de 2015”.

“Lo revisa un médico. El muslo derecho estaba totalmente destruido. Hicimos la denuncia, se la derivan al fiscal Maximiliano Hass y él me llama y me dice que me quede tranquila y luego no me llamaron nunca más hasta el 19 de noviembre del mismo año cuando nos presentamos con mi hermana a ratificar la denuncia. Toma la denuncia el fiscal Barbosa”.

Tras relatar la denuncia de su hermano, Troncozo dijo que "lo que más nos preocupa es que las personas que lo golpearon lo conocían. Vecinos de la misma edad. Desde que nació vive en la misma casa y barrio. Mi hermano reconoce a Chity Villalba y José Paniagua, y al otro día uno se acerca y le pidió que por favor no le haga la denuncia, porque lo complicaba, porque tenía familia. Mi hermano, generoso, le dijo, ‘andá tranquilo no voy a hacer nada’. Cuando nos enteramos con mi hermana, no le permitimos que eso ocurriera, porque era una herejía lo que hicieron con él”.

La mujer también refirió que su hermano perdió el trabajo producto de que las heridas sufridas en la golpiza empeoraron. “Mi hermano desde ese momento se quedó sin trabajo. Por las heridas se le ulceraron las piernas. Es que al trabajar en el frío las heridas no sanaban. Entonces está sin trabajo, sin nada desde 2015”, señaló.

“Lo que esperamos es una resolución ejemplificadora, porque es lo que necesita Santa Elena con estas cuestiones. No es generalizada la policía de Santa Elena. Yo defiendo las instituciones y veo que esto se repite y la gente por temor no habla”, completó.

Consultado al respecto, el fiscal Facundo Barbosa, confirmó que en la causa hay al menos 7 policías imputados y el expediente está cerca de concluir para solicitar su elevación a juicio. “En su momento se recolectaron elementos de convicción: se les recibió declaración de imputado a los policías que estaba directamente involucrados en la situación de privación de libertad y vejámenes contra el señor Troncozo. Es una causa que está en condiciones de ser remitida a juicio y resta sólo la ampliación de imputación contra el personal que estaba en la comisaría a cargo. En primer lugar, por omitir el registro del ingreso a la dependencia y, en segundo lugar, por no evitar la comisión de los hechos que según Troncozo ocurrieron en el interior de la dependencia”.

 

Fuente: Entre Ríos Ahora

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