Una causa por supuestos apremios ilegales en la Comisaría N° 15 de Santa Elena, en el departamento La Paz, que tramita desde 2015, y que tomó estado público la semana pasada, está cerca de concluirse para pasar a la segunda etapa: el pedido de elevación a juicio oral y público.

El caso es un antecedente al que actualmente se investiga en la Fiscalía de La Paz, por el que un adolescente de 16 años dijo haber sido golpeado en la dependencia. Si bien aún resta que se culmine con la investigación penal preparatoria, la investigación de 2015, a cargo del fiscal Facundo Barbosa, avanza camino al juicio.

A la denuncia la radicó un hombre de apellido Troncozo –se preserva su identidad completa por expreso pedido del denunciante y su familia-, que tiene retraso madurativo, y que al momento de los hechos tenía 37 años.

El denunciante dijo que en la madrugada del 30 de agosto de 2015 fue detenido sin causa y golpeado en la dependencia policial. En su relato sostuvo que se lo confundió con otra persona, ya que se lo acusó de golpear a su pareja, la cual no tenía.

En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1, el fiscal Barbosa confirmó que en la causa hay al menos 7 policías imputados por los supuestos delitos de privación ilegítima de la libertad y vejaciones; y refirió que el expediente está cerca concluirse para pedir la elevación a juicio.

“En su momento se recolectaron elementos de convicción: se les recibió declaración de imputado a los policías que estaba directamente involucrados en la situación de privación de libertad y vejámenes contra el señor Troncozo. Es una causa que está en condiciones de ser remitida a juicio y resta sólo la ampliación de imputación contra el personal que estaba en la comisaría a cargo. En primer lugar, por omitir el registro del ingreso a la dependencia y, en segundo lugar, por no evitar la comisión de los hechos que según Troncozo ocurrieron en el interior de la dependencia”.

Consultado si le sorprendió que haya aparecido una nueva denuncia, en alusión al caso del joven de 16 años, el fiscal Barbosa evitó responder sobre la causa que lleva adelante su colega, el fiscal Santiago Alfieri.

No obstante, sostuvo que “objetivamente, en comparación con el resto de las dependencias policiales del departamento, la comisaría de Santa Elena es la que presenta más conflictividad”.

Por otra parte, consultado acerca de por qué se demoró la resolución del caso denunciado en 2015, explicó que es "una causa compleja por las dificultades para la recolección de la prueba”.

Detalló que en la presente investigación se “cuenta con constatación de lesiones, con la palabra de la víctima y en torno a eso hay que llevar a cabo una tarea de recolección de la prueba que es ardua”.

Preguntado por si se pudo dar con un testigo, Barbosa refirió que se identificó a un hombre que estuvo en la celda con RG. Se trataría de la persona que el denunciante dice haber visto luego de la golpiza recibida, y que se presentó como el hombre que golpeaba a su mujer.

“Hay una persona que estaba casualmente en la comisaría  en el momento de la ocurrencia del hecho. La identificación de esa persona fue uno de los primeros problemas con el que nos topamos. Primero fue identificar de quién se trataba la persona, y luego ubicarla”, dijo Barbosa.

Más tarde, reiteró que estas causas son complejas, además, “desde el punto de vista de la delineación de las imputaciones”. “Cuando uno tiene  funcionario interviniendo entran en juego responsabilidades por omisión”, aseveró.

Por último, remarcó que este tipo de investigaciones por lo general siempre llegan a juicio oral. “En otro tipo de delitos es posible acceder a salida alternativas, con condenas de ejecución condicional (NdelaR: sin ir a la cárcel), pero cuando se trata de funcionarios policiales la aplicación de una pena de ejecución condicional implica el cese del funcionario en sus funciones. Entonces, en estas causas la responsabilidad penal de los involucrados terminan ventilándose en un juicio. Son causas que sí o sí hay que llevar a juicio”.

Graciela Troncozo, hermana del denunciante, contó que su hermano perdió su trabajo como consecuencia de las lesiones que sufrió la noche del 30 de agosto de 2015.  Y manifestó su deseo que haya una resolución “ejemplificadora” por parte de la Justicia.

 

Fuente: Entre Ríos Ahora

Etiquetado en: