El intendente electo de Santa Elena y exvicegobernador, Domingo Daniel Rossi, consiguió una resolución favorable en el marco de la causa por el supuesto sobreprecio de una obra de 20 cuadras, realizada con fondos del Plan nacional “Más Cerca” en su última gestión.
Este viernes se realizó una audiencia en Paraná ante el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Gervasio Pablo Labriola, en la que se discutió una apelación presentada por los abogados del dirigente en el marco de la demanda civil de la causa, en donde el Municipio de Santa Elena, a través de su actual intendente, Silvio Moreyra, le reclama a los acusados que paguen más de $10 millones en concepto de perjuicio económico al Estado municipal.
En este proceso lo que ocurrió fue que falleció uno de los imputados en la causa penal, y que también había sido demandado civilmente. Se trata de Rubén Antonio Clivio Benítez, el ingeniero en construcciones de la empresa L&C Construcciones SA, que tuvo actuación en la obra. En la causa penal estaba acusado del delito de peculado en calidad de partícipe necesario.
Lo que sucedió es que ante el deceso del hombre, la Municipalidad de Santa Elena, a través de su abogado Guillermo Mulet, desistió de la demanda contra el ingeniero y sus herederos. El desistimiento fue convalidado el 8 de agosto por el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo.
Contra esa resolución, Rossi presentó un recurso de apelación a través de sus abogados Roberto Alsina y Carlos Guillermo Reggiardo. En la audiencia de este viernes, ante el juez Gervasio Labriola, Alsina planteó que no se cumplieron determinadas pautas procesales para habilitar el desistimiento de la acción civil contra Benítez.
En primer lugar, señaló que en el proceso no se cumplió con el artículo N° 292 del Código Procesal Civil y Comercial, que prevé que cuando se desiste de la acción debe corrérsele traslado a los codemandados para que expresen su opinión.
“Necesariamente el juez de Garantías debió haber trasladado a los codemandados para que expresen si están de acuerdo con el desistimiento que se está planteando. Esto es esencial porque se está tratando de un derecho importante, porque no es lo mismo que los demandados sean 3, 4 o 5”, dijo.
Y explicó que “hay una cuestión económica de por medio y no es lo mismo que respondan menos personas”.
Por otro lado, planteó que se debió haber advertido que el desistimiento se estaba realizando sin la autorización del Concejo Deliberante local. En ese punto, el letrado citó Ley de Municipio N° 1027, que establece que “el intendente no puede transar en juicio si no tiene la autorización del Concejo Deliberante”. “Si no puede transar, tampoco puede dejar caer una acción”, aseguró.
Enseguida, mencionó que el denunciante, el intendente Moreyra, fue derrotado en las elecciones del 9 de junio a manos de Rossi. Además, señaló que tras esa derrota se observaron actitudes “llamativas”, como haber triplicado la demanda civil que inicialmente era de $3 millones.
El fiscal interino de La Paz, Santiago Alfieri, fue breve. Se opuso al planteo, y remarcó que el recurso de apelación se enmarca en una serie de planteos de la defensa “claramente dilatorios de los términos procesales”.
En ese punto, mencionó que los abogados de Rossi ya han interpuesto tres recursos en la causa, que demoran la audiencia de elevación de la causa a juicio. Dijo que primero lo recusaron a él y al Procurador General Jorge Amilcar García; luego cuestionaron la resolución de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) que había fijado audiencia de elevación de la causa a juicio; y que por último apelaron el desistimiento de la acción civil del municipio contra un demandado fallecido.
Por otra parte, el acusador público entendió que los apelantes no tenían agravios sobre los cuales apoyarse para reclamar se revoque la resolución del juez de Garantías y solicitó al camarista Labriola que se rechace la solicitud y se avance hacia el trámite de la etapa intermedia, es decir, la remisión de la causa a juicio.
Tras ello, tomó la palabra el abogado Carlos Reggiardo, quien aseguró que se estaba ante una causa “con fines políticos y persecutorios” contra Rossi y negó que los recursos presentados sean con fines dilatorios. “No han sido dilatorios nuestros recursos, sino que han sido la defensa contra los que creemos que es injusto, arbitrario y que no se ajusta a la ley”, afirmó.
Al resolver, el juez Gervasio Labriola compartió los argumentos de los apelantes y revocó la resolución del 8 de agosto por la que el juez de Garantías de La Paz avaló el desistimiento de la acción civil contra el ingeniero fallecido y sus familiares.
El magistrado entendió que en el caso correspondió aplicar el artículo N° 292 del Código Procesal Civil y Comercial, que prevé que cuando el actor civil desistiera del proceso deberá requerir la conformidad de los demandados. “El juez de Garantías debió haberle corrido traslado a los codemandados y a los herederos del fallecido Benitez en este trámite a la solicitud del desistimiento parcial del actor civil”, concluyó.
Así, el intendente electo gana tiempo en la causa, ya que aún resta que se resuelvan tres incidentes antes de que se realice la audiencia de elevación a juicio. Cabe mencionar que en la audiencia de este viernes sólo estuvieron presentes el fiscal y los abogados defensores.
La causa
La causa por el supuesto sobreprecio se inició en 2016 por una denuncia formulada por el actual intendente de Santa Elena, Silvio Moreyra –que también está siendo investigado por el fiscal Alfieri en una causa por supuestos sobreprecios en una obra- que es concuñado de Rossi.
La presentación la realizó con la representación del abogado Guillermo Mulet, conocido por sus denuncias a la corrupción del ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri.
Según la primera acusación fiscal, durante la gestión Rossi, el municipio pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de esas 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado es $18 millones y el mínimo, de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional ‘Más Cerca’.
En su pedido de elevación a juicio, el fiscal Alfieri adelantó que en la instancia de debate oral pediría una pena de prisión para Rossi: 5 años y 6 meses de cárcel, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
Además de Rossi, el fiscal busca que sean llevados a juicio otras seis personas: el empresario Néstor Juan Szczech; el ingeniero y apoderado, respectivamente, de la empresa L&C Construcciones S.A. Carlos Alberto Lescano; María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortíz (responsable técnico del Programa Más Cerca). El ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez, falleció mientras trascurría la investigación.
A ello se suma que la Municipalidad de Santa Elena exige en una demanda civil por daños y perjuicios el pago de la suma –estimativa y provisoria- de $10.937.255,46 “o lo que en más o en menos resulte de las probanzas a rendir en autos y/o determine el elevado y prudente criterio judicial, con más sus intereses y las costas del proceso”.
Por el contrario, la defensa de Rossi sostiene que no hubo sobreprecio e interesa el sobreseimiento. “De la misma investigación se desprende que la obra se ejecutó en un 126%, es decir, se hizo más obra de la pautada dado que el exintendente solicitó a las oferentes la mejora y ampliación con respecto a la del presupuesto oficial”, dijo su abogado Reggiardo en una carta pública en diciembre de 2018.
Fuente: Entre Ríos Ahora
