El intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (69 años), negó que todos sus hijos, los tres, sean parte del gabinete en la Municipalidad. "Daniela, no, es estudiante de Administración de Empresas en Paraná; Paolo, licenciado en Relaciones Públicas,tampoco, porque está en la parte privada. Solamente Francisco, que es abogado, es funcionario: es el secretario de Gobierno", dijo.

De ese modo, relativizó las informaciones que surgieron en Santa Elena y que dan cuenta del monto de los sueldos que tendrían él, como intendente, sus tres hijos, como funcionarios, y su esposa, Patricia Díaz, como concejal . "Daniela viene a verme a veces a la Municipalidad, pero ella estudia en Paraná. Y Patricia es concejal, entró en el último lugar. Si yo hubiese perdido la Intendencia, ella no entraba", apuntó en diálogo con Entre Ríos Ahora.

Rossi explica la difusión de la noticia -Francisco Rossi, secretario de Gobierno, percibe un sueldo de $119.222,30; Paolo Rossi, en Prensa, $32.588,92; y Daniela Rossi Díaz, como secretaria del Intendente, $32.588,92- a una inquina con Jorge Eduardo Ponce, exvocero de su antecesor en la Intendencia y concuñado, Silvio Moreyra. Rossi dijo que va a denunciar a Ponce en la Justicia por la desaparición de equipos de comunicación, como cámaras de fotos y filmación.  

En realidad, la difusión de los datos de la contratación de los hijos del intendente de Santa Elena y los sueldos que perciben lo dio a conocer una página en Facebook, Uno Visión Santa Elena, que se adjudica al abogado Renato Ojeda, apoderado del PJ Santa Elena y provincial, sostén político de Moreyra. El otro dato que se viralizó es el sueldo de Rossi como intendente: por encima de los $120 mil. "En los últimos tres períodos, no cobré sueldos y encima hubo problemas con mis aportes a la Caja de Jubilaciones y ahora no puedo jubilarme", justifica el jefe comunal.

Enseguida, apunta sus dardos hacia su concuñado por la herencia que le dejó en la Municipalidad de Santa Elena. Dice que no sólo va a denunciar penalmente al exvocero de Moreyra -a quien ya intimó para que devuelva bienes que serían del Estado municipal- sino que también apunta a la gestión saliente en diciembre. Esta semana comenzó a trabajar una auditoría externa.

"Se robaron todo. Para el lanzamiento de los carnavales -que comienzan este sábado 25- tuvimos que invertir más de $1 millón porque no dejaron nada. Pero no vamos a denunciar por denunciar: notificaremos toda irregularidad al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía para salvar nuestra responsabilidad. Estamos viendo que la Municipalidad recibió un subsidio de $500 mil de la Provincia para obras de alcantarillado, y la obra no está", detalla Rossi.

Dice que heredó de Moreyra una deuda de $20 millones y una planta de personal de 700 -cuando siempre la plantilla ha rondado los 450 trabajadores-, y que se ve en dificultades para pagar sueldos. A eso, se suman los intereses de un crédito tomado por 600 mil dólares, que deben cancelar el último día de enero. "Estamos viendo cómo pagamos. Hemos pedido un ATN (Aporte del Tesoro Nacional) de $5 millones. El Gobernador (Gustavo Bordet) ya hizo la presentación en el Ministerio del Interior. Mientras, hemos solicitado un anticipo a la Provincia porque tenemos que pagar los intereses de ese préstamo en dólares", detalló.

Cruces, denuncias, investigación judicial

El 10 de diciembre, Rossi asumió su quinto mandato al frente de la Municipalidad de Santa Elena, y tiene a su esposa, Patricia Díaz, como integrante del Concejo Deliberante.

En familia, también, tiene una cuenta pendiente en la Justicia. Ya fue condenado el 12 de junio de 2006 a tres años de prisión condicional, ocho de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, y al pago de una multa de $90 mil, al haber sido encontrado culpable del delito de enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la función pública. La Justicia probó la existencia de una cuenta por 5 millones de dólares en el Uruguay. En 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el fallo.

En diciembre de 2016 se abrió una segunda causa por enriquecimiento a Rossi y a su mujer, la exdiputada provincial (2007-2011) Patricia Díaz. El fiscal Álvaro Piérola dio cuenta de la existencia de una cuenta en el Scotiabank de Uruguay por 300 mil dólares, depósito que se habría hecho en el período en que Rossi y su esposa ejercieron cargos públicos. En cinco oportunidades a lo largo de la tramitación de la causa el defensor de Rossi, Carlos Reggiardo, ha solicitado, sin suerte, que se declare el sobreseimiento. La sexta petición, en diciembre pasado, la tramitó ante el juez de juicio Pablo Vírgala. Y agregó un recurso más: si no hay sobreseimeinto, pidió  que se dicte la extinción de la acción penal por el paso del tiempo.

Tiene, además, denuncias cruzadas con su concuñado, su antecesor al frente del Municipio de Santa Elena, Silvio Moreyra.

En las elecciones de junio, Domingo Daniel Rossi se impuso a su concuñado, Silvio Moreyra, por 35 votos de diferencia. Lo que siguió fue una transición complicada.

La administración Moreyra no terminó del mejor modo. El dirigente peronista se despidió de la gestión con un grupo de contratados reclamándole el pago de sueldos adeudados, con protestas en el edificio municipal, como así también en uno de sus domicilios.

Al asumir nuevamente al mando de la ciudad, el quinto, Rossi divulgó una serie de fotos sobre el deteriorado estado en el que se encontraron diferentes dependencias del Municipio. Cuatro años antes, la administración Moreyra había utilizado la misma estrategia comunicacional.

Rossi y Moreyra fueron aliados en tiempos en que el primero fue vicegobernador de Entre Ríos, en la primera gestión de Jorge Busti. Más tarde, los caminos se bifurcaron y creció la interna por el control de la localidad.

La pelea política sin fin también se tradujo en denuncias judiciales cruzadas: ambos se acusaron por supuestos sobreprecios en obra pública. Sus causas tramitan en la Fiscalía de La Paz. Además, ambos son investigados por supuesto enriquecimiento ilícito. La causa de Rossi tramita en Paraná y se abrió tras una denuncia de la revista Análisis; en tanto, la de Moreyra está en los Tribunales de La Paz, y se inició por una denuncia de Rossi.

 

Fuente: Entre Ríos Ahora.

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