El intendente de Santa Elena y exvicegobernador, Domingo Daniel Rossi, se enfrentó este miércoles a un nuevo pedido de elevación a juicio en la causa por el supuesto sobreprecio en la obra de 20 cuadras que se ejecutaron con el plan nacional “Más Cerca”, en 2014, sobre el final de su anterior gestión.

En la jornada, el fiscal auxiliar de La Paz, Santiago Alfieri, volvió a pedir la elevación de la causa a juicio en la que están imputados Rossi; el empresario Néstor Juan Szczech; el ingeniero y apoderado, respectivamente, de la empresa L&C Construcciones S.A. Carlos Alberto Lescano; María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortiz (responsable técnico del Programa Más Cerca). El ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez, falleció mientras trascurría la investigación.

Rossi, Ortiz y Méndez son defendidos por Carlos Reggiardo y Roberto Alsina. En tanto que Néstor Pedrotti y Miguel Ángel Cullen representan a Szczech y Lescano; y César Jaime defiende a Martínez.

La acusación del fiscal dice que durante la anterior gestión de Rossi al frente de la Municipalidad de Santa Elena, en 2014 y 2015, el Municipio pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de esas 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado es $18 millones y el mínimo de $14 millones.

En la jornada, el intendente tomó la palabra y defendió la obra. Entre otras cosas, dijo que la pericia realizada no prueba un sobreprecio, sino que por el contrario se acredita que se realizaron 7 cuadras de más que redundaron en beneficio para la ciudad.

Asimismo, volvió a denunciar que existe en su contra una campaña de “lawfare” (guerra jurídica con participación de los medios de comunicación) en la que participan tres medios que siguen de cerca las causas en su contra: Entre Ríos Ahora, Análisis Digital y La Sexta.

Tras una extensísima audiencia, el juez el Garantías de La Paz, Walter Carballo, dispuso un cuarto intermedio hasta el 12 de marzo. Entonces se sabrá su resolución en cuanto al planteo del fiscal y los defensores.

Acusación

En primer término, el fiscal auxiliar Santiago Alfieri leyó la extensa acusación contra Rossi y los demás imputados de la causa. Antes de arrancar, recordó que el escrito acusatorio fue presentado el 10 de junio de 2019. En el mismo señala que el 6 de octubre de 2014, Domingo Daniel Rossi junto al responsable de Obras Públicas, el ingeniero Adolfo Zenón Ortiz, presentaron un proyecto de obra ante la Secretaría de Obras Públicas perteneciente al Ministerio de Planificación Federal “en el que se establecieron materiales y trabajos que implicaron costos superiores a los necesitados  en relación a los valores de mercado”.

Refirió que el 12 de diciembre de ese año “en base a ese proyecto” se firmó el convenio único de colaboración y transferencia “ACU -SSDUV 2160/2014” en el que se designó como , responsable técnico e inspección de las obras del programa «Mas Cerca» al Ingeniero Ortiz y como responsable contable del programa a la funcionaria a cargo de Ia Contaduría Municipal Maria Inés Martínez “habilitando el financiamiento por un monto máximo de $20.035.724.85”.

“Con el financiamiento comprometido –continuó Alfieri- , el presidente municipal, Domingo Daniel Rossi, junto al Secretario de Gobierno y Hacienda de Ia Municipalidad, Roberto Carlos Méndez, habiendo seleccionado el sistema de excepción previsto por la Ley Provincial N. 10.198, al que adhirió Ia Municipalidad de Santa Elena con el dictado de la Ordenanza Municipal N. 114/13, omitieron exprofeso cumplir con el deber de invitar a otras empresas a ofertar, conforme el procedimiento de selección de Contratista por Cotejo de Precios, y aprobaron Ia oferta presentada por Ia única empresa convocada L&C Construcciones S.A, representada por el apoderado de la firma Carlos Lescano, por el Ingeniero en construcciones Ruben A. Clivio Benítez y por su presidente Néstor Juan Szczech”.

En esa dirección, indicó que “la firma presupuestó la obra bajo el sistema de ajuste alzado, en la suma de $20.030.379,17, proponiendo precios desproporcionados con los valores reales de mercado de la fecha, siendo que la misma pudo tener un costo aproximado de entre $14.500.000  y $18.133.859.10”.

Asimismo, sostuvo que el 9 de enero de 2015 adjudicaron la obra de manera directa mediante decreto OEM 008/2015, suscripto por Rossi y su entonces secretario de Gobierno y Hacienda, Roberto Méndez, “sin haber celebrado el debido contrato de obra, a los fines de imposibilitar ulteriores controles de materiales, trabajos, desarrollo y calidad de la obra ejecutada.

Enseguida, señaló que: “Obtenido el financiamiento y adjudicada Ia obra en las circunstancias descriptas, y a efectos de lograr los sucesivos desembolsos de Nación a la cuenta del Municipio y de mantener la apariencia de licitud en la aplicación de los fondos conforme el avance de obra, los representantes de la contratista y del municipio confeccionaron documentos ideológicamente falsos en cuanto al avance de Ia obra. Con ello, cumplimentaron los pasos administrativamente necesarios para lograr que se efectivicen los desembolsos desde Nación, las rendiciones de cuentas, y para cumplimentar los sucesivos procedimientos de pago de la Municipalidad a la empresa, justificando aparentemente los egresos de las arcas municipales, sin cumplimentar los sucesivos procedimientos de control en la ejecución de la obra por parte del responsable de inspección, Adolfo Zenón Ortiz, ni en los procedimientos contables por de la responsable contable del Programa, señora María Inés Martínez”.

Así, afirmó que tales maniobras posibilitaron los desembolsos de la Secretaria de Obras Públicas de la Nación: el primero en fecha 13 de enero de 2015, por $5.693.284,43; el segundo en fecha 29 de mayo por la suma de $2.234.662,73; un tercero el 1 de julio por la suma de $7.224.322,42; el cuarto en fecha 15 de septiembre por $4.883.455,27, alcanzando el monto máximo financiado de $20.035.724,85.

Entre otros detalles, el fiscal sostuvo que para los desembolsos de los fondos se confeccionaron certificados de obra con “datos falsos en cuanto al real avance de la obra”.

Conforme a ello, el fiscal Alfieri dijo que el comportamiento de los involucrados encuadra en la figura penal de peculado, atribuido en carácter de autor a Domingo Daniel Rossi, y en carácter de partícipes necesarios a Roberto Carlos Méndez, María Inés Martínez, Adolfo Zenón Ortiz, a Néstor Juan Szczech, y a Carlos Alberto Lescano.

Asimismo, también les atribuyó falsificación de documentos públicos en carácter de autores a Rossi, Ortiz, Méndez, Szczech y Martínez; e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos a Rossi, Martínez, Méndez y Ortiz.

Planteo de los defensores

A su tiempo, los abogados defensores solicitaron la nulidad de la acusación ya que la consideraron deficiente y pidieron el sobreseimiento puesto que entienden que en el caso investigado no existieron delitos.

El primero en tomar la palabra fue Miguel Ángel Cullen, abogado de Szczech y Lescano. “Acabamos de escuchar el hecho que está más circunstanciado, más claro. Al menos ahora sabemos las fechas, pero no por saber las fechas podemos saber de qué se nos acusa y esto implica imposibilidad del derecho de defensa”, arrancó y afirmó que en la acusación no se detalla “cuál es el monto que se dice que se sustrajo indebidamente del municipio”.

“Acá escuchamos que existían cada una de las erogaciones por $5 millones. ¿Pero está diciendo que el total de eso es el peculado? La acusación arranca sosteniendo que había una desproporción en el precio  y que la obra había costado entre $14.500.000  y $18.133.859.10 y que efectivamente hay una obra. Entonces, cuál es la detracción ilegítima, a cuánto asciende. ¿De qué me tengo que defender?”, refirió al pedir la nulidad de la acusación.

En esa línea, manifestó que teniendo en cuenta los montos que figuran en la acusación parece que deben defenderse de “un peculado de $1.400”, ya que esa diferencia, dijo, surge de los presupuestado y lo pagado a la firma constructora.

Cullen consideró luego que la descripción del hecho no es clara, ya que en el mismo debería consignarse qué suma de dinero exacta se sustrajo del erario público mediante presunto sobreprecio. “La acusación tiene que decir: usted tenía que pagar $20 y pagó $26. Pero si uno lee el hecho imputado nada de eso queda claro”, dijo y agregó que se está ante una violación del honor de sus defendidos al acusarlos de sobreprecios.

En ese marco, puntualizó: “No existió un solo peso detraído del erario que no se correspondiera con lo contratado, de acuerdo a los procedimientos lícitos”.

A su tiempo, Roberto Alsina, defensor de Rossi, coincidió con el planteo de Cullen y también consideró a la acusación como “deficiente”. “Noto grandes contradicciones que hacen dificultoso desde el punto de derecho de defensa. Nos acusan de un peculado. ¿Díganme qué se ha sustraído?”, manifestó.

En esa dirección, sostuvo que la Fiscalía incurre en contradicciones. “La mayor contradicción de Fiscalía es que está hablando que el peculado no necesita un apoderamiento de dinero sino sacarlo de sus fines normales. Hay doctrina que sostiene que para que haya peculado debe haber una sustracción efectiva de dinero”, dijo.

Más adelante, refirió que la acusación “no es clara” en cuanto a la supuesta falsificación de certificados de avance de obras. “Mi cliente certificó la misma plata y pagó la misma plata que le dieron. No se quedó con ningún centavo más o menos”, expresó.

A su turno, el abogado Carlos Reggiardo, también defensor de Rossi, planteó que “la acusación no termina dando con determinación los delitos que se imputan. Es muy vaga la descripción cuando no sostiene cuales fueron algunos actos de Méndez, de Ortiz y Rossi”.

Enseguida, afirmó que en contra de Rossi existe una campaña de lawfare. “Esto tiene una explicación para nosotros: Entre Ríos es pionera en el lawfare. Al fiscal Alfieri no le interesa llegar a la verdad. Él tiene mandato desde el Procurador de sentar a Rossi en el banquillo. (Jorge Amilcar) García tiene desprecio por la democracia porque ha dicho que no le interesa la voluntad popular, que dijo que el pueblo de Santa Elena es inmoral (por votar a Rossi nuevamente)”.

Más adelante, sostuvo que la obra cumplió con los procedimientos legales y que se hizo “de manera correcta y eficiente”: “Hubo análisis de un perito de la Nación donde dice que la obra es acorde a los precios de mercado, y eso está en el expediente”, dijo.

Tras las palabras de su abogado, Rossi habló de la obra y volvió a defender su legalidad y a afirmar que en su contra existe una campaña de lawfare. “Hicimos 26,46%  de obra de más. Está escrito por el perito que eligió la fiscalía”, señaló y añadió que el perito precisó que en la obra de Larroque se ejecutaron cantidades muy menores a la prevista, con un impacto económico de 22,2%; que en Seguí las cantidades ejecutadas fueron similares a las previstas, con impacto económico de 0,12%;  y que en Santa Elena “se ejecutaron cantidades muy superiores a la del pliego: impacto económico 26,45%”.

“Nosotros hicimos construir 7 cuadras de más y si no la hacía no les pagábamos (a la empresa). Cuando entró la plata, la última parte, demoramos un mes para pagarles. Los hicimos terminar. Y nos vienen a decir que es peculado”, manifestó ofuscado.

Enseguida, el jefe comunal se refirió a la causa de los contratos truchos de la Legislatura, al decir que en ese caso se sustrajeron $2 mil millones y que si hubiese sido vicegobernador con una causa de esa magnitud “estaría preso”. “Quieren buscar a los de abajo”, planteó luego  y recordó que está siendo investigado por supuesto enriquecimiento, delito por el cual ya fue juzgado en 2006.

Fue en ese tramo que también apuntó a los medios y habló de lawfare. En concreto dijo en su caso hay un “lawfare total” a través de Análisis Digital, Entre Ríos Ahora y La Sexta (del departamento La Paz).

Tras ello, recordó  que al perito Beltrán Uranga, que hizo la pericia en el caso, lo denunciaron penalmente por “mentir” en su trabajo sobre la obra. “Al perito lo denunciamos”, dijo y sostuvo que el expresidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, había dicho que la pericia “era una trampa”.

 

Actor civil, sin instrucciones

Al inicio de la jornada, el actor civil en representación de la Municipalidad de Santa Elena, el abogado Florencio Martínez Saint Paul, señaló que solicitó la prórroga de la audiencia ya que no tenía instrucciones del Concejo Deliberante sobre qué postura adoptar en el pleito.

Indicó que el presidente del cuerpo legislativo local, Elvio Gamarra, le indicó que las sesiones ordinarias comienzan en marzo, y que hasta entonces los conejales no se reúnen a debatir al respecto.

“No me encuentro en condiciones de poder ratificar la demanda del municipio de Santa Elena ni tampoco de sostener ciertos planteos del anterior representante”, informó. A raíz de ello, los defensores presentaron un recurso que se denomina excepción por falta de personería, ya que el letrado señaló que no tenía instrucciones sobre cómo actuar en el caso.

Con el recurso pidieron que la audiencia se reprograme para marzo, cuando el Concejo ya haya debatido al respecto y le dé instrucciones al abogado que representa al municipio como actor civil. El fiscal Alfieri se opuso al pedido. Finalmente, el juez de Garantías rechazó la petición de reprogramar la audiencia y se pasó a discutir sobre la remisión de la causa a juicio.

 

 

Fuente: Entre Ríos Ahora.

 

 

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