TransporteBannerLuquez

Por: Gonzalo Núñez

Ariel Roberto Faure y José Javier Schneider son dos paceños que están acusado de haber participado de la organización delictiva que habría producido un desfalco millonario a la Legislatura a través de contratos truchos.

La maniobra investigada abarcó una década, de 2008 a 2018. Según la Fiscalía, el monto sustraído en ese período asciende a 52.927.878,50 dólares, lo que actualizado a mayo de este año (cotización dólar oficial $93,75 al 28/05) sería de $4.961.988.609.

La acusación contra Faure y Schneider fue descripta por los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry en el escrito de remisión a juicio oral elevado ayer martes a la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata. El primero tenía un rol importante en la organización como recolector del dinero de los falsos contratos y, por ello, piden que sea condenado a 9 años de cárcel. El segundo, en tanto, posibilitó mantener la maniobra fuera de los ojos de los auditores del Tribunal de Cuentas. Debido a que su rol fue "menor", solicitan que sea sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión.

La tesis de la Fiscalía es que un grupo de 32 personas, entre quienes estaban los paceños, “tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.

 

FAURE, EL RECOLECTOR

Ariel Roberto Faure nació en La Paz el 8 de noviembre de 1976. Tiene 44 años y es contador público. Actualmente vive en la localidad de San Benito, en el departamento Paraná. El contador paceño es exagente del Honorable Senado de la Nación. Ingresó el 2 de enero de 2013, con la categoría A-3, planta temporaria, cumpliendo funciones en el despacho del exlegislador entrerriano Pedro Guillermo Guastavino, y su designación fue dejada sin efecto el 1º de octubre de 2018, luego de que en septiembre estallara la causa penal. También tuvo contratos de obra en ambos Cámaras de la Legislatura provincial.

La Fiscalía lo califica como un intermediario de relevancia en la organización, cuyo fin, entre otras cosas, era recolectar el dinero de los falsos contratos. Se le endilga los delitos de peculado reiterado –once hechos- en calidad de partícipe necesario y en concurso real, con asociación ilícita en calidad de autor. Piden que sea condenado a 9 años de cárcel.

Respecto a su intervención en la maniobra delictiva, la Fiscalía asegura que tenía un rol de intermediario entre las Cámaras Legislativas, los particulares (encargados de buscar falsos contratados) y el estudio contable “Integral Asesoría”, que integraban los contadores Pedro Opromolla, Guido Krapp y Gustavo Falco. Este último fue sobreseído ya que no se pudo demostrar que realizaba aportes concretos en las maniobras.

“En particular, Ariel Roberto Faure, dentro de la organización, oficiaba de nexo entre los funcionarios (Gustavo Hernán Pérez, Sergio Cardoso, Juan Pablo Aguilera y Alejandro José Luis Almada), y los privados (Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao) que la componían, encargándose de retirar los contratos, devolverlos firmados por los falsos ‘contratistas’ a las oficinas administrativas, gestionar el alta de éstos ante los organismos de recaudación tributaria, llevar las facturas extendidas a nombre de éstos y los respectivos pagos de monotributos, y retirar los valores para ser cobrados. Para cumplir dicha función, se valió de sendos contratos de obra que le fueron otorgados por las autoridades de ambas Cámaras de la Legislatura de la Provincia y, durante el año 2015 por el Mt. de Educación, Deportes y Prevención de las Adicciones, a través de los cuales se le remuneraban sus aportes”, dice una fragmento de la extensa acusación en su contra.

Los fiscales también señalan que Faure “era el encargado de buscar los cartulares en la Legislatura y llevarlos hasta la oficina que compartía con (Alfredo) Bilbao, lugar del cual eran retirados por (Hugo) Mena o (Esteban) Scialocomo. Además, llevaba hasta las Cámaras los contratos y facturas firmadas por los particulares, confeccionaba facturas de contratados”. Se ocupó además “de ser el nexo con el estudio contable que se encargaba de llevar al día el pago de los impuestos de los falsos contratistas, al tiempo que él mismo se encontraba contratado en el Senado provincial”.

En el período investigado, Faure registra cobrados 128 cheques librados contra la cuenta de la Cámara de Diputados y 107 librados contra la cuenta de la Cámara de Senadores, por las sumas $3.656.000 y $2.042.000, respectivamente.

¿A dónde fue el dinero “recolectado” por Faure? La tesis acusatoria afirma que los destinatarios finales del dinero fueron Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri; y Alejandro Almada, quien se desempeñaba en el área administrativa contable de la Cámara de Diputados.

 

SCHNEIDER, UN ESCALÓN MÁS ABAJO

José Javier Schneider, alias “Chuli”, nació en La Paz el 9 julio de 1971. Actualmente tiene 49 años y vive en Paraná. Se desempeñaba en el Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Senadores desde el año 2008. Se le atribuyen los delitos de peculado reiterado –cinco hechos- en calidad de partícipe secundario y a su vez relacionado materialmente con el delito de asociación ilícita. La Fiscalía pide que sea sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión.

La tesis fiscal es que contribuyó a mantener el saqueo en las “sombras”, puesto que posibilitó el disimulo de las maniobras ante los auditores del Tribunal de Cuentas. Lo hizo desde su función en el área contable del Senado provincial, que dirigía Gustavo Hernán Pérez, otro imputado de relevancia.

La imputación contra Schneider sostiene que bajo la directiva de Pérez “tuvo una activa participación en la gestión de contratos de locación de obras falsos -cuyos contratistas no efectuaron ninguna prestación a favor del Estado-, a sabiendas de que con tal maniobra se sustraía dinero de las arcas del Estado Provincial, percibiendo por tal tarea, un pago mensual, que en el año 2018 ascendió a la suma de $40.000”.

El próximo paso en la causa es que se realice la audiencia donde la jueza de Garantías deberá definir si eleva o no el expediente a juicio. De momento, los abogados defensores adelantaron que se opondrán a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal.

 

Causa contratos truchos de ... by La Sexta

Etiquetado en: