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El juez Federal Nº 2 de Paraná, Edgardo Daniel Alonso, dispuso este miércoles que la causa conocida como de los contratos truchos de la Legislatura pase al ámbito de la Justicia Federal. Por ello, solicitó el expediente a la jueza de Garantías Nº 1 de Paraná, Marina Barbagelata. 

El fallo responde al pedido de un grupo de abogados defensores que plantearon que hay prueba que sugiere que el dinero detraído con contratos se usaba para financiar las campañas políticas. 

Los letrados que formularon el pedido de cambio de jurisdicción son Emilio Fouces (defensor de Sergio Cardoso), José Velázquez (por Flavia Beckman, Esteban Scialocomo y Hugo Mena), Miguel Ángel Cullen (defensor de Gustavo Pérez y Pedro Opromolla) y Damián Petenatti e Iván Vernengo (por Alfredo Bilbao).

Para así resolver, el juez Alonso consideró que se estaría ante un eventual desvío de fondos obtenidos indebidamente a la actividad partidaria, en el marco de elecciones provinciales y nacionales por lo que, podría existir una violación a la Ley 26.215 (Ley de financiamiento de partidos políticos). 

LA CAUSA Y LOS PACEÑOS IMPUTADOS

Cabe recordar que la maniobra investigada en la Justicia Provincial abarcó una década, de 2008 a 2018. Según la Fiscalía provincial, el monto sustraído en ese período asciende a 52.927.878,50 dólares, lo que actualizado a mayo de este año (cotización dólar oficial $93,75 al 28/05) sería de $4.961.988.609.

Entre los 32 acusados hay dos paceños, Roberto Faure y Javier Schneider. Como contó La Sexta días atrás, Faure es considerado por la Fiscalía como un intermediario de relevancia en la organización, cuyo fin, entre otras cosas, era recolectar el dinero de los falsos contratos. Se le endilga los delitos de peculado reiterado –once hechos- en calidad de partícipe necesario y en concurso real, con asociación ilícita en calidad de autor. Piden que sea condenado a 9 años de cárcel.

En tanto, a Schneider, quien se desempeñaba en el Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Senadores, se le atribuyen los delitos de peculado reiterado –cinco hechos- en calidad de partícipe secundario y a su vez relacionado materialmente con el delito de asociación ilícita. La Fiscalía pide que sea sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión.
 

La tesis fiscal es que contribuyó a mantener el saqueo en las “sombras”, puesto que posibilitó el disimulo de las maniobras ante los auditores del Tribunal de Cuentas. Lo hizo desde su función en el área contable del Senado provincial, que dirigía Gustavo Hernán Pérez, otro imputado de relevancia. 

Listado de acusados y pedidos de penas en la investigación que se realizó en la Justicia provincial:

Causa contratos truchos de ... by La Sexta

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