Se trata de Miguel Bowes. Es uno de los imputados en la causa de lesiones e incitación a la violencia en la que ahora, el querellante pedirá agravar la acusación.

El abogado querellante Bartolomé Gaggero solicitará agravar la acusación contra los dirigentes ruralistas acusados de lesiones e incitación a la violencia en la causa por el tractorazo de 2015, que terminó con varios policías heridos.

El letrado representa al ex policía Walter Velázquez, uno de los uniformados que en la jornada del 3 de septiembre de 2015, cuando los productores reclamaban un plan de salvataje al gobierno de Sergio Urribarri, sufrió graves lesiones.

El proceso se abrió por la denuncia de 10 policías, entre ellos Gustavo Maslein, actual Jefe de Policía de la provincia y que al momento de los hechos era director de Operaciones y Seguridad de la fuerza. En una primera instancia, reclamaban una reparación económica de $1 millón, pero finalmente la mayoría alcanzó un acuerdo en mediación penal por un total $400 mil.

El 10 de abril, en función de ese acuerdo, el juez de Garantías Mauricio Mayer dictó el sobreseimiento para los cuatros dirigentes denunciados: Elvio Guía, director de la filial Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA), Alfredo Bel (delegado de FAA), Juan Echeverría (de Chacareros Federados, grupo interno en FAA) y Miguel Bowes, dirigente de San Gustavo, en el departamento La Paz. Todos son defendidos por los abogados Leopoldo Lambruschini y Julio Federik.

Sin embargo, el abogado Bartolomé Gaggero, representante del ex policía Velázquez, apeló la decisión y el viernes 10 el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Alejandro Grippo, revocó la resolución.

En diálogo con el programa Puro Cuento, que se emite por Radio Costa Paraná 88.1, Gaggero anticipó que pedirá que se agraven las acusaciones contra los dirigentes. “Nosotros apelamos la medida porque entendíamos que no era procedente el sobreseimiento porque el juez se basa en un acuerdo en el que mi pupilo ni siquiera participó. Inclusive la mediación penal, como medio de resolución de conflicto, no tuvo injerencia mi defendido”, indicó el letrado.
 

En ese sentido, sostuvo que su cliente fue el más afectado por las agresiones de la protesta agraria. “El señor Velázquez fue el más perjudicado de todos los policías. Terminó con lesiones y terminó yéndose de la fuerza con un 66% de discapacidad, con más del 40% de pérdida de la audición, con posibles daños neurológicos, y pérdida de la memoria a corto plazo”, enumeró.

El letrado explicó que en su resolución, el juez Grippo entendió que ahora la causa puede recaratularse, es decir, que se puede reformular la acusación contra los dirigentes agrarios y avanzar para darle una respuesta a una de las víctimas.

Además, el abogado aclaró que la reciente resolución judicial no afecta al acuerdo económico alcanzado por los demás policías. “El acuerdo es válido, pero para las personas intervinientes. Velázquez no tiene intervención ni injerencia en ese acuerdo”, reiteró Gaggero.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que la Fiscalía desista de acusar a los ruralistas, puesto que el represente del Ministerio Público Fiscal, Santiago Brugo, estuvo de acuerdo con que se confirmara el sobreseimiento, Gaggero explicó cómo seguiría el proceso en caso de darse esa posibilidad.

“Si el juez Grippo hubiese dictado el sobreseimiento se me acaba cualquier posibilidad de llevar adelante la acción penal. Si el Ministerio Público Fiscal decide desestimar la acción pública yo tendría que convertirla en acción privada y llevarla a adelante con mis escasos medios. Pero el señor Brugo es muy bueno en su tarea y no creo que deje de llevar adelante la acción penal. No obstante, si llegasen a tomar esa medida la tendré que apelar al Fiscal General”, ahondó.

Más adelante, ante la pregunta de por qué se denuncia a los dirigentes, quienes en los registros fílmicos no aparecen arrojando elementos o agrediendo físicamente a los policías, el abogado querellante sostuvo que hay elementos para sentarlos ante un Tribunal.

“El delito de la incitación a la violencia colectiva, por el solo hecho de impulsar, estimular o arengar a la manifestación, en contra de los funcionarios policiales, ya se configura el delito. La declaración de Gustavo Maslein dice que é se entrevistó con Atilio de Angeli y le dijo que bajen los decibeles e hicieron caso omiso”, refirió el letrado que representa a un ex policía.

Destacó a su vez que los testimonios recabados en la primera parte del proceso son fundamentales para probar los delitos y anticipó que en los próximos días solicitará que se agrave la acusación contra los dirigentes agrarios: que al delito de lesiones graves pase a gravísimas, cuya sanción penal es más alta.

“Voy a solicitar que se caratule como lesiones gravísimas. En caso de hallarlo a quien arrojó restos óseos podría ser de 1 a 6 años de prisión, si fueran lesiones graves; o de 3 a 10 si fueran lesiones gravísimas. Depende de cómo lo llevemos adelante. Incitación a la violencia colectiva (tiene una pena) de 3 a  6 años de prisión”, detalló.

Al finalizar, Gaggero remarcó que los policías fueron insultados y vejados en la protesta de 2015 y que “a cuatro años no tenemos todavía ni siquiera un pequeño atisbo de responsabilidad para los que actuaron en ese momento”.

“Todas estas personas no son excluidas sociales, son personas con una cultura y nivel social que comprendían lo que estaban haciendo”, concluyó, haciendo alusión a los dirigentes ruralistas acusados.

 

Entre Ríos Ahora

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