
Por su parte, Juan Carlos Meillard, Director General de Gestión Cultural, destacó la participación entrerriana en la asamblea federal del Instituto Nacional de la Música. “El INAMU es un ejemplo a seguir como organismo federal, transparente y representativo de los intereses de los trabajadores de las artes. Sabemos que tenemos mucho trabajo en conjunto por delante para fortalecer al sector de la industria musical en nuestra provincia”, dijo.
“Entre Ríos seguirá contando con Convocatorias de Fomento, Capacitaciones, y diversos programas para el beneficio de nuestros músicos, así como también celebramos el lanzamiento de la Agregadora Musical Argentina (AMA) que brindará a muchos artistas entrerrianos la oportunidad de registrar, distribuir, y monetizar sus producciones en todo el mundo”, sostuvo Meillard.
LEY ÓMNIBUS
La primera Ley Ómnibus cayó en el Congreso por diferencias con las gobernadores y ahora el presidente adelantó que "prontó" enviará una nueva versión del proyecto que busca aplicar profundas reformas en distintos niveles.
En la primera versión del rpoyecto, el paquete de reformas abarcaba el cierre del Instituto Nacional del Teatro (INT) y del Fondo Nacional de las Artes (FNA); y el desfinanciamiento del INCAA, el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).
Uno de los puntos más ásperos del paquete de leyes es la propuesta de derogación de la Ley Nacional del Teatro (24.800), que data de 1997 y determina que la actividad teatral, "por su contribución al afianzamiento de la cultura", debe contar con "promoción y apoyo del Estado Nacional". De concretarse la derogación, quedaría eliminado el Instituto Nacional del Teatro (INT).
El Gobierno busca también derogar el Decreto Ley 1224 (más antiguo, de 1958), creador del FNA, organismo autárquico dependiente del área de Cultura, cuyo fin es promover y desarrollar la producción de artistas de todo el país financiando su formación y creación de obras.
En campaña La Libertad Avanza llegó a prometer el cierre del INCAA, que según el proyecto seguirá en pie, pero desfinanciado: cuando el documento alude a los fondos del instituto que financia el cine nacional, omite el porcentaje que recibe del Enacom (25 por ciento de su recaudación). Esto implica que la principal fuente de ingresos pasaría a ser el impuesto del 10 por ciento a las entradas que pagan los espectadores. Por otro lado, todo indica que las salas no deberán cumplir con cuotas de pantalla para films nacionales.
La propuesta legislativa transformaría al Inamu, que es un ente público no estatal, en un "programa" de la Secretaría de Cultura. Un cambio de esencia. Otros efectos del proyecto, de concretarse, serían: la eliminación de fondos específicamente destinados a la música (como los de Enacom), dejando todo librado a la voluntad del Estado; la desaparición de la asamblea federal -conformada por representantes gubernamentales de Cultura de las provincias-, dando potestad para las decisiones al Estado Nacional; eliminación del artículo 31 de la Ley N° 26.801, que exige participación de bandas nacionales en shows internacionales.
A las bibliotecas populares la ley ómnibus les arrebata todos los "beneficios" presentes en la normativa vigente -Ley N° 23.351-, tales como las tarifas reducidas en servicios prestados por empresas del Estado o subvenciones para el mantenimiento de instalaciones. A su vez, se eliminaría el Fondo Especial para las bibliotecas populares, que surge de los juegos de sorteo e integra la mitad de los recursos con los que Conabip distribuye subsidios y desarrolla actividades.