Productores, comerciantes y dirigentes vinculadas al campo se movilizaron este sábado en un banderazo nacional para manifestarse en contra de la expropiación de Vicentin y en defensa de la propiedad privada.
El corazón de la protesta fue la ciudad santafesina de Avellaneda, donde se encuentra la sede de la empresa, pero la movilización también se replicó en más de 60 distritos de 12 provincias. En el departamento, la Sociedad Rural encabezó la convocatoria en La Paz.
Manifestaciones similares se extendieron a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Mendoza, San Juan, La Pampa y Neuquén, mientras que en la ciudad de Buenos Aires también se concentraron manifestantes en el Obelisco.
Las principales entidades del campo, como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) y la Sociedad Rural de Rosario,se sumaron a la protesta.
PROYECTO ALTERNATIVO OFICIAL
El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, informó el sábado por la mañana desde Olivos que, con el aval del presidente Alberto Fernández, la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) de la provincia solicitó al juez del concurso de Vicentin Saic, en el marco del expediente judicial, que nomine a Gabriel Delgado, Luciano Zarich y a un tercero propuesto desde la Casa Gris, como interventores de la firma.
“La IPJ de Santa Fe presenta el pedido de intervención judicial, proponiendo para la administración de la empresa Vicentin intervenida a los dos interventores que la Nación había planteado y a una persona de la provincia de Santa Fe”, dijo el mandatario provincial al Canal América.
En referencia al juez Fabián Lorenzini, quien desplazó a los interventores nominados por el presidente, Perotti dijo que “le hemos pedido que deje de lado la medida autosatisfactiva, que analice este proyecto porque es el que define que no hay expropiación”.
En criterio del gobernador, “el juez tiene en sus manos esta decisión que ha acompañado el presidente”. El mandatario provincial se encargó de señalar que ésta es una “alternativa superadora” y que la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia tiene “legitimidad en la intervención” por cuanto ejerce el “el contralor de las sociedades”.
