"Jamás pensé en estar pasando por todo esto ni en mi peor pesadilla".
Así intentó resumir la víctima el calvario del que dio cuenta detalladamente este martes por la mañana al declarar en la primera audiencia del juicio contra el policía de La Paz y Santa Elena Ángel Gerardo García, de 43 años, por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual agravado por ser miembro de una fuerza de seguridad, por el vínculo de ser marido de la víctima y por la situación de vulnerabilidad a la que la había sometido, según acusó la Fiscalía, a cargo de José Ignacio Candioti.
La secretaria del fiscal General ante el Tribunal Oral Federal de Paraná leyó ante el imputado, su defensor y el juez Roberto López Arango, que tras la denuncia de la hermana de la víctima a la línea nacional gratuita 145 en abril de 2019, que posibilitó su rescate por parte de Gendarmería Nacional en La Paz, la investigación pudo establecer que había sido sometida durante 10 años, desde 2009, según pudo registrar La Sexta.
La acusación hizo referencia a que García retuvo el DNI de la víctima, sustituyó su identidad, la aisló y ejerció pleno control sobre todos los aspectos de su vida para, en ese marco, violentarla, drogarla, vestirla con indumentaria que le imponía y trasladarla en su auto particular en múltiples oportunidades para ser explotada sexualmente, incluso de modo grupal por parte de policías, a cambio de dinero en beneficio del victimario. Con los videos que obtenía al filmar las violaciones, luego amenazaba y hostigaba a la víctima.
Muchas veces, se señaló, "los lugares eran desconocidos para ella" y no le era posible estar consciente de lo que sucedía, aunque a partir del testimonio de la víctima y el de su hermana -que también declaró en la audiencia de este martes-, se pudieron reconstruir algunas situaciones ocurridas en distintos puntos de ciudades entrerrianas como Paraná, Villaguay, Chajarí, Concordia, Rosario del Tala y La Paz (en la zona rural de Yeso Oeste), localidades correntinas como Esquina, Goya o Empedrado; o santafesinas, como la capital de esa provincia, entre otras.
De la acusación fiscal y los tres testimonios de este martes, de la víctima, su hermana y su madre, se desprende que García la amenazaba, en ocasiones con su arma reglamentaria, con matar a ella y a sus hijos, o con "viralizar" los videos que tenía en su poder.
LA DEFENSA QUISO SUSPENDER LA AUDIENCIA Y EL IMPUTADO PREFIRIÓ EL SILENCIO
Antes de los testimonios, el defensor particular del imputado planteó, vía videollamada desde la Unidad Penal N° 1 de Paraná donde García permanece con prisión preventiva, la necesidad de suspender la audiencia porque arguyó que se encontraban en un espacio reducido e incómodo, que la comunicación y el audio eran defectuosos y porque, según sus propias palabras, "me hicieron esperar 20 minutos bajo la lluvia". "No están dadas las condiciones dignas de trabajo ni las garantías mínimas de presencialidad e inmediatez", dijo el abogado Valle.
Mientras la víctima esperaba afuera de la sala para declarar, acompañada por sus familiares y la coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y el Tráfico de Personas, Silvina Calveyra, el fiscal Candioti se opuso y le recordó al letrado que "fue el propio defensor quien pidió estar desde la UP1 acompañando a su defendido". Tras un cuarto intermedio, el juez López Arango rechazó el planteo de la defensa y la audiencia se desarrolló según lo previsto.
A su turno, el imputado se presentó como Ángel Gerardo García, alias "Pelusa", nacido en Santa Elena el 21 de agosto de 1977 y ante la posibilidad de declarar o de que se leyera la indagatoria que se le tomó oportunamente, prefirió abstenerse porque, dijo su defensor, lo hará "en su momento".
LOS INTENTOS POR ESCAPAR
La víctima, durante su testimonio, también dio cuenta de múltiples oportunidades en las que intentó escapar: una vez que saltó del auto y corrió una cuadra en Corrientes, o cuando contó parte de su calvario a la directora de una escuela de sus hijos en La Paz, a una médica de un centro de salud de la misma ciudad, a la pastora de un culto, entre otras, pero el victimario siempre aparecía amenazante, en ocasiones uniformado y mostrando su arma, por lo que retomaba el control de la situación y el sometimiento continuaba.
Hasta que el 19 de abril de 2019 finalmente pudo escribirle mensajes de WhatsApp a su hermana, quien a pesar de las amenazas que recibió por parte de García, según su relato, decidió denunciarlo ante autoridades nacionales para evitar a la Policía provincial de la que el imputado era parte y porque éste le decía que tenía "amigos fiscales".
Después de rescatada la víctima, ya en otra ciudad y mientras era asistida por el Estado, García, que todavía estaba en libertad, la hostigaba, le hacía llegar mensajes indignantes o publicaba en su perfil de Facebook frases o imágenes que demostraban que la había estado siguiendo por la calle. Alguna vez, incluso, ella llegó a verlo acechándola en la vía pública. Esas situaciones y otras amenazas a la madre, la hermana y familiares de la víctima, finalmente motivaron la detención preventiva del policía imputado.
CÓMO SIGUE EL JUICIO
Está previsto que continúen las audiencias testimoniales hasta el viernes 19 de marzo. Los alegatos de cierre serían entre el 22 y 23 de este mes, cuando se conocerá la pena que pedirá el fiscal Candioti para el policía García.
