La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en contra del policía Ángel Gerardo García -oriundo de Santa Elena y que se desempeñaba en La Paz al momento de su detención-, y de este modo dejó firme la condena a 10 años de prisión por trata de personas con fines de explotación sexual que le había sido impuesta el 30 de marzo de 2021 por haber explotado a su propia esposa y madre de sus hijos, durante al menos una década, para beneficiarse económicamente.
En diálogo con La Sexta, el fiscal General ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, José Ignacio Candioti, -quien llevó el caso a juicio- confirmó el dato. "Es una re buena noticia. Se hizo justicia y eso es lo importante. Era un caso de trata agravada, muy lesivo para la víctima", expresó.
Se trata de la condena más alta en Entre Ríos por este tipo de delito. "Me alegra que la víctima esté contenta. Había estado en mi fiscalía hace poco y yo le había dicho que tuviera fe, que la prueba era muy importante y que yo confiaba en que la Corte ratificaría el fallo", confió el funcionario judicial.
Tras la condena en primera instancia y luego de un revés tras otro, la defensa de García había llegado hasta la Corte nacional con un último recurso, el que ahora también le resultó desfavorable.
En 2021, el juez Roberto López Arango había declarado a García "penalmente responsable" de los dos delitos endilgados por el fiscal Candioti -quien había pedido 11 años- con todas sus agravantes: trata de mujeres con fines de explotación sexual agravada por la condición de funcionario de una fuerza de seguridad del tratante, por haber sido la víctima su cónyuge y conviviente, porque se consumó el delito, por la situación de vulnerabilidad en la que fue rescatada la mujer; y promoción y facilitación de la prostitución, también agravados.
"Su dignidad resultó afectada; la víctima fue usada como un objeto, como una mercancía", había subrayado el fiscal José Ignacio Candioti en su alegato acusatorio y había recordado que durante las testimoniales "la madre de la víctima contó que García reconoció los hechos y se arrodilló para pedir disculpas, pero García no la desmintió ni pidió un careo".
En aquella primera instancia, el juez López Arango también ordenó que García le restituyera a la víctima un auto VolksWagen Bora que era del matrimonio, y que continuase detenido con prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, hasta que la pena quedara firme.
El condenado recurrió esta decisión judicial. Si bien la Cámara de Casación rechazó el recurso y entonces la resolución del juez quedó firme, es decir que García debía entregar el auto, luego el policía presentó un escrito en el que aseguraba que no sabía dónde se encontraba el vehículo.
Ante esta situación, en marzo de 2022 La Sexta conoció que el fiscal Candioti había presentado un escrito para advertir que García estaba cometiendo un nuevo delito: desobediencia judicial.
Al 28 de septiembre de 2022, el auto no ha sido restituido a la víctima.
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