La investigación judicial por los presuntos adicionales truchos en la Policía de Entre Ríos sumó una nueva y delicada derivación: el juez de Garantías Nº 4 de Paraná, Julián Vergara, impuso medidas restrictivas al jefe de la Policía provincial, Claudio Omar González, para impedir eventuales represalias contra los efectivos que denunciaron la supuesta maniobra de corrupción.
Según supo La Sexta, la resolución fue dictada el 8 de mayo en el marco del Legajo de OGA Nº 35995, caratulado “F.E.A. su denuncia s/ peculado”, a pedido del Ministerio Público Fiscal. La causa está a cargo del fiscal Gonzalo Badano.
Entre las medidas dispuestas, el magistrado prohibió a González “ordenar, promover o ejecutar cualquier acto administrativo” que implique cambios en las condiciones laborales de los denunciantes, tales como traslados, modificaciones de turno, pérdida de adicionales o sanciones disciplinarias sin sustento técnico y legal previo. La medida es protección de los policías V.A., W.R., O.C., C.D., M.V., E.F., y J.A.
Además, el juez ordenó la “prohibición de realizar actos de hostigamiento, vigilancia o intromisión” en el ámbito laboral o personal de los denunciantes y de sus familias. Las medidas tendrán vigencia por 90 días y el incumplimiento podría derivar en una detención inmediata y en una imputación por desobediencia judicial.
LOS QUE HECHOS QUE SE INVESTIGAN
La causa investiga una presunta estructura de recaudación ilegal vinculada al sistema de servicios adicionales de la Policía entrerriana. La denuncia apunta principalmente contra Juan Manuel Zunino, titular de la División 911 y Videovigilancia, y también involucra a los oficiales Alejandro Villarreal, Luján Micheloud, Alexis Minetti y César Gutiérrez.
Según la presentación judicial, patrocinada por el abogado Rubén Pagliotto, existiría un “sistema organizado de recaudación ilegal” dentro de la División 911 y posiblemente en otras áreas de la fuerza, mediante maniobras vinculadas a los adicionales policiales.
Juan Manuel Zunino, jefe de la Divisón 911.
El expediente tuvo su primera medida de prueba el pasado 30 de abril, cuando la fiscalía secuestró documentación en soporte papel y digital en dependencias de la División 911 de Paraná.
En la denuncia, los efectivos sostuvieron que los hechos denunciados serían de “extrema gravedad institucional” y solicitaron expresamente protección frente a posibles represalias internas, planteo que ahora fue receptado parcialmente por la Justicia con las restricciones impuestas al jefe de Policía provincial.
