La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, resolvió negar la inhibitoria, ratificando la procedencia del fuero ordinario y la competencia de los tribunales de la Justicia de Entre Ríos para continuar entendiendo en la causa contratos truchso de la Legislatura, caratulada "Beckman Claudia Marcela y otros s/defraudación a la adminsitración pública-asociaciín ilícita".
Asimismo, resolvió tener presente las reservas del caso federal efectuadas por los abogados defensores de Jorge De Breuil, Gustavo Hernán Pérez, Pedro Opromolla y Alejandro Almada.
La magistrada resolvió librar oficio para notificar de la resolución al juez Federal Nº 2, Edgardo Alonso, interviniente en las actuaciones caratuladas "Cullen, Miguel Ángel y otros s/fórmula petición", a efectos de comunicarle lo decidido; y se le requiere que tenga a bien contestar si reconoce la competencia de la Justicia provincial, caso contrario, se sirva remitir los antecedentes a la alzada común, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cabe recordar que el 9 de junio, el juez Alonso dispuso que la causa pase al ámbito de la Justicia Federal. El fallo respondió al pedido de un grupo de abogados defensores que plantearon que hay prueba que sugiere que el dinero detraído con contratos se usaba para financiar las campañas políticas. Por ello, se descarta que el juez ratifique su resolución entonces el entuerto lo deba resolver la Corte Suprema.
LA CAUSA Y LOS PACEÑOS IMPUTADOS
Cabe recordar que la maniobra investigada en la Justicia Provincial abarcó una década, de 2008 a 2018. Según la Fiscalía provincial, el monto sustraído en ese período asciende a 52.927.878,50 dólares, lo que actualizado a mayo de este año (cotización dólar oficial $93,75 al 28/05) sería de $4.961.988.609.
Entre los 31 acusados hay dos paceños, Roberto Faure y Javier Schneider. Como contó La Sexta días atrás, Faure es considerado por la Fiscalía como un intermediario de relevancia en la organización, cuyo fin, entre otras cosas, era recolectar el dinero de los falsos contratos. Se le endilga los delitos de peculado reiterado –once hechos- en calidad de partícipe necesario y en concurso real, con asociación ilícita en calidad de autor. Piden que sea condenado a 9 años de cárcel.
La tesis fiscal es que contribuyó a mantener el saqueo en las “sombras”, puesto que posibilitó el disimulo de las maniobras ante los auditores del Tribunal de Cuentas. Lo hizo desde su función en el área contable del Senado provincial, que dirigía Gustavo Hernán Pérez, otro imputado de relevancia.
