En la tercera jornada del juicio al exgobernador y actual embajador argentino en israel y Chipre, Sergio Urribarri, se oyeron los alegatos de los abogados defensores de empresarios y funcionarios, quienes son acusados de participar en el negocio de contrataciones direccionadas para beneficiar la imagen del exmandatario, quien en 2015 aspiraba a ser precandidato a presidente.
Los primero en formular su exposición fueron los abogados José Velázquez e Ignacio Díaz, defensores de Pedro Baéz, exministro de Comunicación y Cultura. Luego fue el turno de Miguel Ángel Cullen, quien está a cargo de la defensa de siete imputados: los responsables de la Unidad Operativa Mercosur, Gustavo Tórtul y Félix Céspedes; el empleado legislativo y empresario Alejandro Almada; los empresarios de las firmas Tep SRL y Next SRL, que se adjudican a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena; la contadora de las empresas mencionadas, Corina Cargnel; y el funcionario Gustavo Tamay, que se ocupaba de las certificaciones de las publicidades en vía pública. Finalmente, formuló sus alegatos el abogado Marcos Rodríguez Allende, defensor de juan Pablo Aguilera y su esposa, Luciana Almada.
"Estamos ante un proceso penal que tiene una finalidad política”, aseveró al inicio de su alocución el defensor del paceño Céspedes, quien fue Coordinador de la Unidad Operativa de la Cumbre de Mercosur, de 2014 en Paraná.
Los delitos que le endilga la Fiscalía son los de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en calidad de partícipe primario. Como contó La Sexta, en la causa fue acusado de haber sido parte de la contratación de la empresa Nelly Entertainment SA, de Jorge 'Corcho' Rodríguez, durante la Cumbre del Mercosur. Entonces, la firma fue contratada por $28.400.000 para difundir spots publicitarios en los que la figura principal era Urribarri.
Para los fiscales, esa erogación "fue aplicada para su beneficio personal (NdelaR: de Urribarri) a través de la difusión nacional de los cuatro spots publicitarios, con el único propósito de instalar su precandidatura a presidente de la Nación en las elecciones generales del año 2015".
Sobre dicha acusación, Cullen la calificó de "asurda", puesto que su defendido, afirmó, acudió a los organismos de control antes de contratar el servicio de la firma de Rodríguez. "El primer acto que hace Céspedes, que tiene más de 40 años en la Administración Pública, es girar el expediente de la contratación a los oganismos de control", dijo, según registró La Sexta.
Y agregó: "Se la quiere sindicar como que intentó eludir los controles públicos, pero en realidad Céspedes gira el expediente a Fiscalía de Estado y a la Contaduría General, que además tenía dos auditores permanentes. El tercer órgano de control al que le giró el expediente es el Tribunal de Cuentas".
En ese sentido, afirmó "que la publicación de los spots eran indispensables y había que aprovechar la oportunidad de la Cumbre" y que ello fue respaldado en un dictamen por el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
Finalmente, manifestó que "para tratar de enlodar la honestidad de mis defendidos (NdelaR: por Tórtul y Céspedes) se dice que debieron saber que las tipología, es decir el tipo de letra usadas en los spots, era la misma que luego iba a utilizar Urribarri en su campaña o precampaña de posicionamiento para tratar de ser precandidato a presidente. ¿Cómo se iban a dar cuenta si no había pasado? Es un absurdo".
Tras su alocución, fue el turno del abogado Rodríguez Allende, quien pidió la absolución de Juan Pablo Aguilera y su esposa, Luciana Almada. Enseguida, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes 4 de octubre, cuando sea el turno del alegato del abogado Raúl Barrandeguy, quien defiende a Urribarri.
