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El Senado entrerriano sancionó el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo que aprueba el Consenso Fiscal firmado por la vicegobernadora este lunes junto al presidente Alberto Fernández y otras 22 provincias. El proyecto fue tratado sobre tablas, luego de la media sanción que había recibido en Diputados. Fue aprobado por los senadores del PJ y rechazado por el bloque de Juntos.

Desde el oficialismo, Armando Gay, jefe del bloque del PJ, consideró "indispensable analizar la necesidad de armonizar un sistema tributario. Este es uno de los fundamentos centrales del Consenso Fiscal, que se logra a través de un trabajo común en beneficio de todas las provincias”.

Por su parte, Rubén Dal Molín (Federación - Cambiemos) se refirió a la situación al momento de aprobarse el consenso fiscal de 2017, durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, y criticó que el nuevo acuerdo prácticamente elimina los postulados de la ley de responsabilidad fiscal. También sostuvo que el planteo del nuevo consenso “es sesgado”. 

El presidente de la bancada opositora, Francisco Morchio, respecto del denominado impuesto a la herencia, recordó que el actual ministro de Economía fue quien impulsó su derogación en 2017 por ser “impagable y de escasa recaudación”, y manifestó en ese sentido su reconocimiento al gobierno provincial por haber derogado dicho tributo, que tenía vigencia desde 2013.

EL CONSENSO FISCAL

El Consenso Fiscal firmado por la Nación prevé que las alícuotas de Ingresos Brutos de cada provincia no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad y ratifica la decisión de analizar en 2022 la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia.

También contiene un capítulo denominado de “endeudamiento responsable”, que determina que las provincias podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera solo a través de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito. En materia de “responsabilidad fiscal” fija que “la regla de límite de crecimiento del gasto estará regida en todos los casos por el incremento del PIB”.

En lo que respecta a la administración tributaria, el entendimiento apunta a fortalecer el Padrón Federal, el Registro Único Tributario (RUT) y operativizar el Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra (SIRTAC).

También insta a consensuar una ley que fortalezca el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles (O.Fe.V.I.).

Sobre Ingresos Brutos, el consenso fiscal rubricado este lunes específica que las alícuotas no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad.

En el impuesto de Sellos se determinó una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores y del 2% a las restantes operaciones alcanzadas por este tributo en general.

El acuerdo establece que no estarán sujetos a esta alícuota máxima las operaciones relacionadas con las actividades de loterías y los juegos de azar.

En el ítem impuesto a los Automotores, el acuerdo dispuso determinar como base imponible, como mínimo, el 95% de las valuaciones de los vehículos automotores que establezca la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios. También fijar una alícuota mínima del 2% anual de la base imponible del vehículo, excepto para el caso particular de los automotores vinculados a actividades productivas.

En el Impuesto Inmobiliario acordaron establece la alícuota en un rango de entre 0,5% y 3% del valor fiscal establecido.

En tanto, sobre el denominado impuesto a la herencia ratificaron la posibilidad de legislar en 2022 sobre todo tributo relacionado con un aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza.

Por último, en lo referente a los procesos judiciales encarados por las provincias contra la Nación o viceversa, se comprometieron a abstenerse por un período de un año de iniciar nuevo litigios y suspender por igual término los ya iniciados, entre otras cuestiones.

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