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El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, a cargo del exdiputado Lucio Lara, confirmó que actualmente se tramitan 252 juicios de cuentas. Semanas atrás, el organismo difundió las sentencias en los casos de dos dirigents del departamento La Paz: uno contra Eduardo Soloaga, de la Junta de Gobierno de Picada Berón, y otro contra la exintendente de Santa Elena, Asunción Olmedo.

"El juicio de cuenta tiene por objeto el enjuiciamiento o examen de la gestión administrativa del funcionario o persona particular, respecto de los bienes del Estado. Este procedimiento es una facultad exclusiva y excluyente del Tribunal de Cuentas. Actualmente, tramitan 252 Juicios de Cuentas en TCER, de los cuales el 57% han sido declarados en rebeldía", precisó el organismo a través de su sitio Web.

Además, agregó: "Toda persona que gestiona, administra y dispone de fondos públicos es un cuentadante del Tribunal de Cuentas de la Provincia, y por lo tanto tiene una obligación renditiva o contable ante el órgano de control. Tanto los funcionarios y los administradores de la Provincia, como las personas particulares y las entidades que manejan fondos públicos deben rendir cuentas de su utilización e inversión".

"En los casos en que no se presenta la rendición de cuentas (omisión renditiva) o la misma es objeto de observaciones (deficiencia o falsedad en la rendición) se inicia el Juicio de Cuenta", explicó luego.

Finalmente, se señaló que en la actualidad, tramitan 252 Juicios de Cuentas en el principal órgano de control externo de la administración pública entrerriana. De ese total, el 57% de los cuentadantes notificados no se han presentado en tiempo y forma y han sido declarados en rebeldía; el 24% se presentó para estar a derecho, y el 19% restante todavía está a tiempo de presentarse para estar en derecho y poder hacer sus respectivos descargos.

LAS SENTENCIAS EN EL DEPARTAMENTO LA PAZ

Según informa en su sitio Web el Tribunal de Cuentas, entre 2020 y 2021 cuatro personas del departamento La Paz fueron condenadas en un juicio de cuentas. Uno fue Eduardo Soloaga, de la Junta de Gobierno de Picada Berón. El 19 de noviembre de 2020 fue condenado a devolver la suma de $30 mil, más intereses, porque no rindió los fondos que se le dieron para el ejecricio 2015, correspondientes al mejoramiento habitacional del Programa Mil Evitas, y cuyas presuntas beneficiarias fueron dos mujeres.

En tanto, el 30 de marzo de este año condenó administrativamente a la exintendenta de Santa Elena, Asunción Olmedo, a devolver a la administración pública la cifra de $70.867,87, dinero que no rindió y que corresponde al Ejercicio 2011. La sanción también alcanzó a Cristina Mercedes Martínez, quien fuera Tesorera Municipal Interina; y María Alejandra Almada, quien se desempeñaba como Contadora Municipal Interina.

 

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