El pasado viernes 31 de mayo, en la Fiscalía de Gualeguaychú, el abogado Ricardo José Luciano, en representación del ciudadano Carlos Humberto Cadoppi, presentó un escrito acusatorio contra funcionarios provinciales y el intendente de Ibicuy por presuntos incumplimientos de sus deberes como funcionarios públicos.
La denuncia, a la que accedió La Sexta, señala una serie de infracciones a la Ley de Aguas Nº 9.176, específicamente relacionadas con la operación de empresas mineras en el sur entrerriano, dedicadas a la extracción de arena silícea. Según el documento presentado, estas empresas no estarían cumpliendo con los requisitos necesarios para su funcionamiento, lo que ha generado daños ambientales comprobados en distintos procesos judiciales por contaminación.
El abogado litigante, Ricardo Luciano, enfatizó que la renovación de los permisos para operar en la órbita del municipio de Ibicuy se estaría realizando sobre certificados de aptitud ambiental caducos, según consta en registros oficiales. Además, se plantea la nulidad de los certificados de aptitud ambiental de una de las empresas mineras, Cristamine SA, por no haberse llevado a cabo la audiencia pública correspondiente.
Entre las irregularidades señaladas en la denuncia, se destaca el perjuicio provocado por la empresa Cristamine SA en la planta de lavado "La República", al obstruir el arroyo "El Cuartillo" con los sedimentos desechados, afectando gravemente el ecosistema local.
El alcance de la denuncia no se limita únicamente a los empresarios involucrados, sino que también apunta a altos funcionarios provinciales. El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo (de Buenos Aires e instalado en La Paz desde 1985), junto con los responsables de Ambiente, Rosa Hojman, y de Minería, Ricardo Iturriza, están bajo la lupa de la justicia por presunta omisión en los controles y fiscalización de estas actividades extractivas.
Además, el presidente municipal de Ibicuy, Ezequiel Maneiro, también está siendo investigado por su supuesta responsabilidad administrativa en la fiscalización y habilitación de la actividad minera en su jurisdicción.
La Fiscalía de Gualeguaychú ha iniciado las investigaciones correspondientes para determinar la veracidad de las acusaciones presentadas y el posible alcance de las responsabilidades penales y administrativas de los implicados.
