El paceño Félix Hugo Céspedes, quien fue Coordinador de la Unidad Operativa de la Cumbre de Mercosur, de 2014 en Paraná, evitó hablar ante el Tribunal que lo juzga en el megajuicio que tiene como principal acusado al exgobernador y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri.
En la quinta jornada de audiencia, el Tribunal -integrado por los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón- consultó a todos los imputados si declararían en esta instancia y todos se abstuvieron, por recomendación de sus abogados. El único que dijo unas breves palabras fue Urribarri, quien negó "enfáticamente los hechos que se me endilgan".
En el turno de Céspedes, cuando se le preguntó si ejercería su derecho de declarar, la respuesta del exfuncionario fue que "por instrucción de mi abogado, en este momento no".
Los delitos que le endilga la Fiscalía son los de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en calidad de partícipe primario. Como contó La Sexta, en la causa fue acusado de haber sido parte de la contratación de la empresa Nelly Entertainment SA, de Jorge 'Corcho' Rodríguez, durante la Cumbre del Mercosur. Entonces, la firma fue contratada por $28.400.000 para difundir spots publicitarios en los que la figura principal era Urribarri.
Para los fiscales, esa erogación "fue aplicada para su beneficio personal (NdelaR: de Urribarri) a través de la difusión nacional de los cuatro spots publicitarios, con el único propósito de instalar su precandidatura a presidente de la Nación en las elecciones generales del año 2015".
En los alegatos de apertura del juicio, el abogado de Céspedes, Miguel Ángel Cullen, calificó de "asurda" la acusación de Fiscalía, puesto que su defendido, afirmó, acudió a los organismos de control antes de contratar el servicio de la firma de Rodríguez. "El primer acto que hace Céspedes, que tiene más de 40 años en la Administración Pública, es girar el expediente de la contratación a los oganismos de control", dijo.
"Se la quiere sindicar como que intentó eludir los controles públicos, pero en realidad Céspedes gira el expediente a Fiscalía de Estado y a la Contaduría General, que además tenía dos auditores permanentes. El tercer órgano de control al que le giró el expediente es el Tribunal de Cuentas", agregó.
