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El intendente de Bovril, José Gillig, se mostró ayer lunes en la Planta de Reciclado local, junto al titular del Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades de Entre Ríos (IPCYMER), Ricardo Etchemendy. Ambos hicieron entrega de elementos a los recicladores que se desempeñan en el lugar.

La recorrida por la planta se dio horas después de que se conociera el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que condenó a la Municipalidad a clausurar el basural a cielo abierto de aproximadamente 5 hectáreas para proteger la salud de los vecinos de la localidad y el ambiente. 

Cabe señalar que, por el momento, ninguna autoridad municipal realizó declaraciones públicas sobre la reciente sentencia.

"En horas de la tarde de este lunes 27 de diciembre se hicieron presentes miembros de IPCYMER (Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades de Entre Ríos) junto al Sr. Presidente Municipal Dn. José Gillig, entregaron elementos a los trabajadores que desempeñan tareas dentro de la Planta de Reciclaje local", informó el municipio. 
 
Y agregó: "Desde el organismo provincial acompañó este acontecimiento su Presidente Ricardo Etchemendy en compañía de Jorge Ruiz Díaz y Susana Merlo. Es bien destacar que de esta manera su busca promover y desarrollar el incentivo de las diversas cooperativas de la provincia, acompañando su trabajo y poniendo en valor esta actividad tan esencial que realizan".
 
EL FALLO CONTRA EL BASURAL
 

En simultáneo a la visita, se conoció que el máximo tribunal ordenó al gobierno local a que, en un plazo de 18 meses, concrete la clausura del actual centro de disposición de basura y proceda a su relocalización a uno nuevo alejado de la planta urbana. El fallo está fechado el sábado 25 de diciembre, firmado por los vocales Miguel Ángel Giorgio, Susana Medina, Daniel Omar Carubia y Juan Ramón Smaldone.

La sentencia fue en el marco de un recurso de amparo ambiental que presentó una vecina de Bovril, de calle Francisco Ramírez, que es una de las tantas personas afectadas por el basural.

En su extenso voto, el juez Miguel Ángel Giorgio hizo notar que "la anarquía parece reinar en el basurero pues ni siquiera surge del acta que los operarios que allí se encontraran fueran empleados municipales o personas habilitadas para manipular los desechos del basural, apreciándose que la persona que los atendió (NdelaR: al juez de Paz local, Mauricio Pérez, que realizó una inspección ocular) manifestó encontrarse a la espera de un programa del Ministerio de Desarrollo Social relacionado con las cooperativas, probablemente para darle forma legal a la actividad que allí se encuentran realizando".

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