En el marco del jury por presunto mal desempeño a la suspendida Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, que inició ayer, se dio a conocer una entrevista de 2018 que le realizó la misma y el fiscal Ignacio Aramberry a un cadete con contrato trucho en la Legislatura.
Un fragmento de la acusación formulada por los abogados Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto dice que Goyeneche habría maltratado al cadete, llamado Mario Deiloff, quien mencionó al esposo de la fiscal como integrante del estudio Integral Asesoría, señalada como pieza clave para la operatoria de los contratos ficticios. Al día siguiente de esa entrevista, la casa del joven fue allanada y le secuestraron el celular.
Según registró La Sexta, en el material videograbado los fiscales le preguntan a Deiloff si tenía un contrato con la Legislatura. Tras varias negativas, le exhiben un documento firmado por el exsenador por el departamento La Paz y exvicepresidente de la Cámara Alta entre 2015 y 2019, Aldo Ballestena (PJ), en el que aparece el nombre del testigo con un contrato en 2016. También le hacen saber que cuentan con material de contratos de 2014 y le indican que son por diferentes montos. Algunos de $12 mil y otros de $40 o $50 mil.
En cierto momento, Goyeneche le lee uno de los contratos que tenía Deiloff: "$210 mil en seis cuotas de $35 mil", le indica al mostrarle el documento. Enseguida, Deiloff reconoce que cobraba el dinero, lo llevaba al estudio y allí le daban el menor porcentaje.
Tras ello, Deiloff contó que ese contrato era tramitado por los contadores del estudio Integral Asesoría y que a él solo le daban entre $4 o $5 mil de los generosos contratos. En dicha entrevista también surgió que Deiloff cobraba cheques de otros contratados truchos y que llevaba el dinero al estudio contable.
En un tramo de la extensa entrevista, se le pregunta quiénes integran el estudio contable investigado, a lo cual el testigo menciona a varios profesionales y entre ellos incluye a Sebastián Orlando Bertozzi, esposo de la fiscal Goyeneche. Cuando lo menciona a Bertozzi como integrante del estudio, Goyeneche le preguntó si alguien le había sugerido decir ese nombre. Deiloff contestó que no.
La suspendida fiscal sostiene que el testigo aportó datos falsos y que había sido preparado para introducir el nombre de su esposo en la causa, por lo que junto a otros fiscales del caso solicitaron el secuestro del teléfono celular del mismo.
Caber recordar que en el pedido de elevación a juicio de la causa Contratos, la Fiscalía no imputó a ningún legislador aduciendo que en un futuro habría una causa Contratos II en la que se avanzaría sobre los responsables más altos de la organización. Sin embargo, a cuatro años de la apertura de causa de la primera, aún no se abrió la segunda.
ROL DEL ESTUDIO CONTABLE
En el escrito de elevación de la causa Contratos a juicio, la Fiscalía explicó cómo operaba la organización que sustraía dinero de la Legislatura a través de contratos truchos.
Precisamente en cuanto al papel de los integrantes del estudio Integral Asesoría, dice que los contadores Pedro Opromolla, Guido Krapp y Gustavo Falco "aportaron sus conocimientos y servicios como contadores públicos nacionales, para mantener al día, ante los organismos de recaudación nacional y provincial, la situación impositiva de cada uno de los contratistas falsos".
"Para ello, realizaban las siguiente gestiones: dar de alta y baja a los contratistas en AFIP y ATER; presentar las declaraciones juradas informativas de impuestos; impresión de talonarios de facturas que a la postre permitían el cobro de los cheques; emisión de las facturas (manuscritas y electrónicas) y el pago del monotributo, que en el último periodo se efectivizaba en la terminal No 3472, correspondiente a la sucursal No 3469 de “Entre Ríos Servicios”, emplazada en el Estudio “Integral Asesoría”, sito en calle Misiones 276 de Paraná, donde aquellos se desempeñan o desempeñaban", agregan.
Para la Fiscalía "dicha contribución al hecho, resultó vital para mantener la vigencia de los vínculos ficticios, toda vez que la posición tributaria regular de los contratistas fue indispensable para conservar la eficacia de los contratos de obra y, con ello, la percepción del dinero resultante".
"En esta tarea, los nombrados contaron con la colaboración de Renato Mansilla y Nicolás Beber, integrantes del estudio contable, quienes además se encargaron de, cobrar cheques relacionados con los contratos falsos, gestionar la obtención de contratos falsos para sus allegados, tales como es el caso de Cecilia Cersofios, Mario Deiloff, Analía Lorena Ruiz Diaz, Fernando Adolfo Ruiz Diaz y María Laura Beber entre otros", se especifica.
Luego destacan que "todas las personas antes mencionadas, eran a la vez contratistas de obra de la Legislatura Provincial, por lo cual cobraban una retribución que no tenía como contrapartida prestación alguna a favor del Estado, sino que era utilizada como pago de honorarios de la gestión contable antes mencionada y para abonar el importe de los monotributos del sistema".
LA CAUSA Y LOS PACEÑOS IMPUTADOS
Cabe recordar que la maniobra investigada en la Justicia Provincial abarcó una década, de 2008 a 2018. Según la Fiscalía provincial, el monto sustraído en ese período asciende a 52.927.878,50 dólares, lo que actualizado a mayo de 2021 cuando se pide la elevación a juicio (cotización dólar oficial $93,75 al 28/05) sería de $4.961.988.609.
Entre los 32 acusados hay dos paceños, Roberto Faure y Javier Schneider. Como contó La Sexta, Faure es considerado por la Fiscalía como un intermediario de relevancia en la organización, cuyo fin, entre otras cosas, era recolectar el dinero de los falsos contratos. Se le endilga los delitos de peculado reiterado –once hechos- en calidad de partícipe necesario y en concurso real, con asociación ilícita en calidad de autor. Piden que sea condenado a 9 años de cárcel.
En cuanto a Schneider, la tesis fiscal es que contribuyó a mantener el saqueo en las “sombras”, puesto que posibilitó el disimulo de las maniobras ante los auditores del Tribunal de Cuentas. Lo hizo desde su función en el área contable del Senado provincial, que dirigía Gustavo Hernán Pérez, otro imputado de relevancia.
Se le atribuyen los delitos de peculado reiterado –cinco hechos- en calidad de partícipe secundario y a su vez relacionado materialmente con el delito de asociación ilícita. La Fiscalía pide que sea sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión.
