En el marco del jury por presunto mal desempeño a la suspendida Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, que se desarrolla en Paraná ante el Jurado de Enjuiciamiento, el nombre de un paceño imputado en la causa Contratos truchos de la Legislatura volvió a surgir en la audiencia.
Se trata del caso de Roberto Ariel Faure, considerado por la Fiscalía como un intermediario de relevancia en la organización, cuyo fin, entre otras cosas, era recolectar el dinero de los falsos contratos. Se le endilga los delitos de peculado reiterado –once hechos- en calidad de partícipe necesario y en concurso real, con asociación ilícita en calidad de autor. Piden que sea condenado a 9 años de cárcel.
El otro paceño imputado es José Javier Schneider, alias “Chuli”, quien se desempeñaba en el Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Senadores desde el año 2008. Se le atribuyen los delitos de peculado reiterado –cinco hechos- en calidad de partícipe secundario y a su vez relacionado materialmente con el delito de asociación ilícita. La Fiscalía pide que sea sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión.
Ayer, en el inicio de la nueva jornada del jury, el Jurado observó un audiencia de prisión preventiva de 2018 en el que el abogado de Faure, Leopoldo Cappa, y los abogados Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli, defensores de Gustavo Pérez (exdirector del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores) anunciaban que habían interpuesto la recusación de Goyeneche por entender que tenía una «vinculación comercial» con uno de los investigados del caso, el contador Pedro Opromolla, integrante del estudio Integral Asesoría.
Para apartar a la funcionaria invocaron el artículo 60 del Código Procesal Penal de la Provincia. Sin embargo, esa pretensión fue rechazada por dos juezas: Marina Barbagelata, primero; y la vocal de Juicio Carolina Castagno. Ambas entendieron que se debía aplicar el artículo 35 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que establece que dicho organismo acusador es el encargado de resolver esas presentaciones.
Por ello, como testigo fue citada la jueza Castagno, quien ante el Jurado dio cuenta que en aquella audiencia se discutió la continuidad o no de las prisiones preventivas de Pérez y el paceño Faure, y no la recusación de la Fiscal Anticorrupción. "Lo esencial era el tratamiento de la prisión preventiva y la recusación fue planteado a título informativo. Mi función era resolver si el juez Ruhl había sido razonable al dictar la preventiva", dijo según registró La Sexta y luego agregó que más adelante sí intervino en la recusación, en otra jornada, y que allí le dio la razón a Fiscalía.
También habló de los dichos del abogado Cappa, quien en la audiencia aseguró que la fiscal hoy suspendida tenía una "relación comercial" con otro investigado de los contratos truchos, Opromolla. "Usted rebatió los argumentos e hizo hincapié en manifestaciones que eran falsas. Dijo que era falso que los imptuados estaban embargados, con las líneas intervenidas y negó tener una relación comercial con el contador Opromolla", refirió ante la pregunta de Goyeneche, quien ejerce su defensa junto a los abogados Leopoldo Lambruschini y Enrique Pita.
El fiscal y el estudio de Faure vaciado
El martes pasó ante el Jurado el fiscal Ignacio Aramberry, quien junto a Patricia Yedro pidió al elevación a juicio de la causa Contratos en 2021. En su declaración, refirió que Goyeneche les informó a ambos que el imputado Opromolla era amigo de su esposo -Sebastián Orlando Bertozzi- y que ella había realizado inversiones en dos fideicomisos en los que estaba el acusado. No obstante, explicó que se avanzó sobre el contador y que "no vio afectado el criterio de objetividad de la fiscal Goyeneche".
En cuanto al paceño Faure, recordó que el 3 de octubre de 2018 fue allanada una oficina que éste poseía con Alfredo Bilbao, otro imputado, pero que cuando llegaron al edificio se encontraron con una habitación vacía. "Cuando se llegó no se encontró nada. De hecho eso fue uno de los fundamentos para solicitar la prisión preventiva, porque vimos con las cámaras de seguridad que habían vaciado la oficina poco después de que se abriera la causa Contratos (NdlaR: 20 de septiembre de 2018)".
Más adelante, defendió a la fiscal suspendida y afirmó que no vio "pérdida de objetividad" o direccionamiento de la investigación por su parte.
El cadete del contrato trucho
Ante una pregunta del fiscal ad hoc Justet, Aramberry también se refirió a la declaración de Mario Deiloff, un cadete del estudio Integral Asesoría que figuraba con contratos en el Senado, más precisamente en un documento firmado por el exsenador de La Paz, Aldo Ballestena. En la denuncia a Goyeneche, formulada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, se asegura que Goyeneche maltrató al testigo porque mencionó a su esposo Olrano Bertozzi como integrante del estudio investigado en las maniobras. Para los fiscales, sus dichos fueron "mendaces" y que había sido preparado por alguien para introducir falsamente el nombre en el caso.
De hecho, en lo que va del jury, los contadores Pedro Opromolla y Guido Krapp, integrantes del estudio investigado, señalaron que Orlando no pertenecía al mismo y que sólo tenían una relación de amistad. El martes también se proyectó una indagatoria a Gustavo Falco, otro integrante del estudio, en el que le informa a la Fiscalía quiénes integraban el mismo y cómo se dividían los gastos. Al igual que los demás, no mencionó al esposo de quien los investigaba.
Alegatos finales
Ayer miércoles declaró como testigo el Procurador General Jorge Amilcar García, quien defendió a la Fiscal Anticorrupción suspendida, al decir que no se vio afectada su objetividad para ser apartada del caso y planteó que la inversión en fideicomisos en los que también estaba el acusado Opromolla no constituye "una relación comercial".
Otros testigos fueron el Jefe de la División Homicidios, Horacio Blasón; y el ingeniero informático Fernando Ferrari, quien analizó los teléfonos celulares de los acusados del expediente Contratos.
Mañana viernes, a las 10,30, se realizarán los alegatos finales del jury a Goyeneche. El Jurado dispuso que cada parte, defensa y acusación, tengan una hora para exponer sus argumentos a fin de que no haya "un abuso" de los tiempos. Luego tendrá más de 20 días para dictar sentencia.
