El fiscal ad hoc Gastón Justet pidió este viernes la destitución de la suspendida Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, por la causal de mal desempeño en la causa de los Contratos truchos de la Legislatura, que abarca un período de 2008 a 2018. El acusador le endilgó que no se excusó de la investigación por haber tenido una "relación comercial o comunidad de intereses" con Pedro Opromolla, imputado en la causa e integrante del estudio integral Asesoría.
En el proceso, la funcionaria acusada reconoció que había invertido en dos fideicomisos en los que estaba Opromolla, que lo hizo a instancia de su esposo, Sebastián Orlando Bertozzi, y que lo hizo años antes de que el caso de los contratos truchos saliera a la luz. No obstante, remarcó que ello no afectó su objetividad para avanzar en la investigación.
A pesar de ello, el acusador no lo entendió así. Si bien no pudo explicar de qué modo pudo haber afectado el caso o si hubo algún favorecimiento al imputado -para quien piden 6 años de cárcel-, sostuvo: "Es claro que desde el inicio de la apertura del procedimiento, se han invidivudualizado las conductas que ha llevado a cabo la acusada, haber llevado una conducta pública y privada no acorde con su labor encomendada y haber negado una relación comercial de comunidad de intereses con uno de los imputados" en la causa de los contratos truchos en la Legislatura, de la que Goyeneche se excusó en 2019.
Más adelante, también decidió acusarla de haber "maltratado al testigo Mario Deiloff", el joven cadete del estudio contable investigado que tenía un contrato trucho en el Senado, en un documento firmado por el ahora exsenador por el departamento La Paz, Aldo Ballestena. El testigo dijo en una entrevista ante la fiscal y su par Ignacio Aramberry que al estudio contable también lo integraba Orlando Bertozzi, esposo de la fiscal. Ello fue tomado por los investigadores como un comentario falaz, para perjudicar la investigación.
En el jury, declararon los imputados del caso Contratos, Guido Krapp y Opromolla, y dejaron afuera del estudio al esposo de la fiscal. También dijeron que la amistad que los unía desde que eran universitarios se cortó ante la apertura de la causa en 2018. También se proyectó una audiencia en la que Gustavo Falco, otro contador del estudio, informa quiénes integraban el mismo y aporta planillas al respecto. Éste tampoco menciona al esposo de la funcionaria judicial.
Caber recordar que el jury se abrió tras la denuncia formulada por el abogado Guillermo Reggiardo y los abogados Rubén Palgiotto y Guillermo Mulet. El primero es el actual asesor legal del municipio de Santa Elena y abogado personal del intendente Domingo Daniel Rossi en las causas que tramitan en la Justicia; y el tercero -Mulet- es denunciante de varias causas contra el exgobernador Sergio Urribarri, y en el departamento es el abogado del exintendente Silvio Moreyra en una causa por presunto enriquecimiento ilícito (abierta por denuncia de su concuñado Rossi).
Por la actitud del Jurado en el proceso, que ha rechazado cada planteo defensivo, todo indica que resolverá por la destitución de la suspendida Fiscal Anticorrupción. El Jurado está integrado por los vocales del STJ, Juan Ramón Smaldone, Daniel Carubia y Gisela Schumacher; los representantes del Colegio de la Abogacía, Gonzalo García Garro y Verónica Mulone; y los legisladores Gustavo Zavallo y Armando Gay.
GOYENECHE PIDIÓ LA ABSOLUCIÓN
A su tiempo, la suspendida Goyeneche pidió ser absuelta en el proceso de jury por presunto mal desempeño y calificó a la acusación del fiscal ad hoc de estar "plagada de falsedades".
"No logré entender el alegato. No tuvo un hilo y fue incomprensible la definición de los hechos. Por eso lo recusamos, porque no tenía las condiciones para ser fiscal y no era idóneo. Lo hacíamos porque es una garantía para el justiciable. Y el justiciable soy yo». Asimismo, dijo que el fiscal ad hoc no pudo explicar cuándo debía excusarse", dijo.
Luego comentó que la causa Contratos inició en septiembre de 2018, que el 3 de octubre allanaron el estudio contable de Opromolla y otros, y que un mes después de ello pudieron establecer que eran parte de la organización delicitiva que realizaba contratos truchos con el Senado y Diputados. "Cuando llegamos al estudio todavía no sabíamos si había dolo. No sabíamos si sabían que a las personas a las que le pagaban el monotributo eran empleados de la Legislatura. Los contratos estaban en la casa de unas personas en barrio Santa Lucía. No sabíamos si los contadores sólo hacían su trabajo. Después de eso empezamos a recibir los informes de los teléfonos y computadoras secuestrados en los nueve allanamientos. Ahí descubrimos que tenían dolo. Ahí encontramos cosas que nos sorprendían. Nuestro olfato era que probablemente lo conocieran y por eso decidí que no quería seguir teniendo ese vínculo con Oporomolla, la adhesión al fideicomiso en el monoambiente. Por eso decido desprenderme porque no quería tener ese vínculo, que no tenía directo con él, pero no quería que persista", completó.
Luego de realizar otras valoraciones sobre el proceso, informó al Jurado de Enjuciamiento que el 4 de abril informó al relator especial sobre la independencia judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, las razones del jury en su contra y el contexto en el que se dio: cuando investigaba una de las causas de corrupción más importante de la provincia. También lo puso al corriente del desplazamiento del Ministerio Público Fiscal de su rol de acusador, designando un fiscal ad hoc -Gastón Justet- y que no se hizo lugar a recusaciones a miembros del Jurado, entre ellos a los vocales Daniel Omar Carubia, Gisela Schumacher y Juan Ramón Smaldone, entre otras cosas.
